El periodista Lamdo Gómez Torrez fue detenido por el teniente Hans Ríos Mesa, quien forma parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Oruro. Este incidente ocurrió mientras Gómez realizaba su labor periodística, específicamente durante la cobertura de la detención de un presunto autor de un crimen en la mina Huanuni, el domingo 5 de enero de 2025.
Reacción de asociaciones periodísticas
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) manifestaron su rechazo ante este suceso, el cual consideran una violación de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia.
En su comunicado, ambas organizaciones afirmaron que se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, asegurando el derecho a una comunicación e información que sea libre e independiente.
Condiciones inadmisibles
Las asociaciones señalaron que las acciones del teniente Ríos Mesa no solo pusieron en riesgo al periodista, sino que también intentaron encerrarlo en una celda policial. “Estas conductas son inadmisibles en una sociedad democrática y vulneran el juramento de los miembros de la Policía Nacional de respetar y defender la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicaron en su pronunciamiento.
Patrón de impunidad
Además, mencionaron que este no es un caso aislado, ya que no es la primera vez que periodistas sufren abusos por parte de las fuerzas policiales. Existen antecedentes de agresiones físicas y ataques contra trabajadores de la prensa. Este nuevo incidente pone de manifiesto un patrón de impunidad que debe ser erradicado.
Investigación y sanciones
Las instituciones instaron a las autoridades del Comando Departamental de la Policía de Oruro a llevar a cabo una investigación que sea transparente y a sancionar a los responsables de este hecho.
Compromisos internacionales
Asimismo, hicieron referencia a los tratados internacionales que Bolivia ha ratificado, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos documentos garantizan derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión.
Ambas organizaciones consideran que este tipo de incidentes representa un grave atentado contra la libertad de prensa y los derechos humanos en el país.
