La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó su deseo de que la marcha convocada por organizaciones sociales cercanas al expresidente Evo Morales, que comenzará el 10 de enero, transcurra sin incidentes violentos.
Esta manifestación, que partirá de la localidad de Patacamaya, se desarrolla en un contexto político tenso. Esto se debe a una orden de aprehensión contra Morales, quien enfrenta cargos por trata y tráfico de personas, relacionados con un caso que involucra a una adolescente de 15 años.
Derecho a la protesta
Alcón, en sus declaraciones públicas, enfatizó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución. Sin embargo, también insistió en que las movilizaciones deben realizarse de manera pacífica y sin causar disturbios.
“Hemos sido testigos de hechos de violencia en movilizaciones anteriores organizadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, y esto no lo podemos permitir”, afirmó la viceministra. De esta manera, reiteró que el Gobierno nacional está dispuesto a actuar dentro del marco constitucional para mantener el orden y la estabilidad.
Apertura al diálogo
Alcón destacó que el Gobierno de Luis Arce ha mostrado una apertura constante al diálogo, con el objetivo de resolver los conflictos con los diversos sectores sociales. En este sentido, remarcó que las autoridades están comprometidas con la paz social y la estabilidad económica del país.
Esto es especialmente relevante en un año de gran importancia como lo es 2025, en el que Bolivia celebrará sus 200 años de independencia.
Efectos de protestas pasadas
La viceministra también recordó los efectos negativos de las protestas y bloqueos que se vivieron en el país en 2024, particularmente los 24 días de bloqueos convocados por sectores cercanos a Evo Morales. “Estos bloqueos generaron un grave perjuicio económico para Bolivia, y eso es lo que no queremos repetir en este 2025”, señaló Alcón, haciendo un llamado a la reflexión para evitar futuros perjuicios al país.
Compromiso con el orden
Finalmente, recalcó que el Gobierno tiene la obligación de actuar en defensa del orden y la ley en caso de que las protestas se tornen violentas. “Si se genera violencia, el Estado tiene los mecanismos constitucionales para garantizar el orden. Las marchas y movilizaciones están garantizadas, pero siempre dentro del respeto y la paz”, concluyó.
