Un equipo conjunto de investigación ha solicitado una orden de detención contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, debido a su declaración de ley marcial realizada el 3 de diciembre. Esta solicitud se presenta tras la ignorancia de Yoon a tres citaciones para ser interrogado. La petición fue presentada ante un tribunal del Distrito Oeste de Seúl.
Este anuncio representa un hecho sin precedentes en la historia democrática del país, ya que es la primera vez que un presidente en funciones enfrenta la posibilidad de ser detenido. Yoon fue destituido el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, lo que le ha despojado temporalmente de sus funciones. Ahora, se espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre si se le restituirán sus competencias o si será inhabilitado de manera definitiva.
Acusaciones graves
La solicitud de detención alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el 3 de diciembre. Además, se le acusa de haber ordenado al ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión de revocar la ley marcial. Sin embargo, los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, en parte gracias a la negativa de algunos mandos militares intermedios a cumplir con las órdenes del presidente. Esto obligó a Yoon a rescindir el estado de excepción pocas horas después.
Defensa del presidente
Yoon, quien actualmente tiene prohibido abandonar el país, ha negado todas las acusaciones en su contra. Argumenta que su declaración de la ley marcial fue un «acto de gobernanza» destinado a advertir a la oposición sobre lo que él considera un abuso del poder legislativo. En Corea del Sur, el delito de insurrección es el único en el que no se aplica la inmunidad, y puede ser castigado con cadena perpetua o incluso con pena de muerte.
Reacción legal
Los representantes legales de Yoon anunciaron poco después que presentarían un escrito en protesta contra la petición de detención. Recordaron que, según la ley surcoreana, solo la Fiscalía tiene la autoridad para solicitar una orden de arresto preventivo. Además, el equipo conjunto de investigación ha solicitado al tribunal una orden de registro para la Oficina Presidencial y el refugio de seguridad presidencial, debido a las dificultades para recabar evidencia en este caso.
