La defensa del exmandatario Evo Morales, quien enfrenta acusaciones de trata de personas, ha calificado la imputación formal presentada por la Fiscalía como un «proceso armado» y «político». Este caso se desarrolla en el contexto de una supuesta guerra judicial que, según sus abogados, ha sido impulsada por el Gobierno de Luis Arce.
Los abogados de Morales han denunciado diversas irregularidades en el caso, que se investiga desde septiembre. Además, han advertido sobre posibles actos ilegales si se intenta aprehender al exmandatario.
Irregularidades en el proceso
Los abogados Cecilia Urquieta y Marcelo Galván explicaron a los medios en La Paz que el proceso contra Morales está «viciado de irregularidades» y «vulneraciones a los derechos fundamentales». Urquieta afirmó: «Se trata de un proceso armado, un proceso político que es parte de esta guerra judicial que se ha iniciado en contra del hermano Evo Morales».
La jurista también destacó que en Latinoamérica hay una «ola de procesos» y guerras judiciales contra otros líderes de izquierda, como la argentina Cristina Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa. «Ahora eso se está dando con el exacto mismo libreto en Bolivia en contra del expresidente Morales para inhabilitarlo en las próximas elecciones», aseguró Urquieta.
Imputación y derechos fundamentales
Urquieta alegó que «no puede haber una imputación sin que haya una declaración» de las personas investigadas. Por lo tanto, sostuvo que es «ilegal» la presentación de la acusación formal contra el exgobernante. Además, afirmó: «Si mañana existe un intento de aprehensión en contra del hermano Evo Morales, estamos hablando de actos ilegales, contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales».
Por su parte, Galván revisó las acciones de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, e indicó que todos los actos realizados hasta el momento «tienen vicios de nulidad absoluta». Por esta razón, «no se puede continuar con el proceso». También mencionó que una acción de libertad tramitada en octubre dejó «sin efecto» la orden de captura emitida entonces contra Morales.
Ubicación del proceso judicial
Galván añadió que esa misma resolución indica que el caso debería llevarse en Cochabamba, donde reside el exmandatario. Sostuvo que Morales «no tiene por qué someterse a un proceso viciado de actividad procesal defectuosa». Consideró que este tema busca distraer la atención del fracaso ocurrido en las elecciones judiciales celebradas recientemente.
Reacción de Evo Morales
Más temprano, Morales expresó en la red X que es «víctima de una brutal guerra jurídica ejecutada por el Gobierno de Luis Arce», que lo acusa «sin pruebas». El Ministerio Público imputó formalmente al expresidente boliviano y a la madre de la presunta víctima en un caso que comenzó a investigarse en septiembre.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor con la que supuestamente tuvo un hijo. Los padres de la supuesta víctima habrían «lucrado» con ella al entregarla al exmandatario a cambio de «favores». La Fiscalía ha solicitado alerta migratoria para Morales y prevé pedir su detención preventiva por seis meses.
Apoyo de seguidores y otras denuncias
Ante la posible detención del exgobernante, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre para defenderlo. Desde octubre, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por centenares de cocaleros. Además del caso en Tarija, hay otras 7 denuncias por presuntos abusos a menores contra él.
Estas investigaciones se producen en medio de la pugna entre Morales y el presidente Arce por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones generales de 2025.
