En un movimiento significativo, el gobierno argentino liderado por Javier Milei ha promulgado el decreto 1084/2024. Esta normativa establece la prohibición de nombrar edificios públicos con el nombre de personas hasta que hayan transcurrido 10 años desde su fallecimiento. Además, se prohíbe la exhibición de símbolos políticos en bienes del Estado nacional. La medida busca garantizar que los recursos y espacios públicos no sean utilizados para fines partidarios o cultos a la personalidad.
La disposición fue ratificada en el Boletín Oficial y también modifica aspectos relevantes de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Según el decreto, «prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos u otras referencias personales que puedan interpretarse como propaganda política». La normativa especifica que no se podrán utilizar nombres asociados a figuras políticas que hayan ejercido funciones durante períodos de interrupción del orden democrático.
Contexto histórico
Este cambio legislativo llega tras intentos fallidos previos durante la gestión del expresidente Mauricio Macri en 2017. En ese momento, Macri había propuesto una restricción similar, pero con un plazo más extenso. Su proyecto no logró obtener el apoyo suficiente. Con esta nueva regulación bajo el gobierno actual, se busca establecer una clara separación entre lo público y lo político.
Argumentos del gobierno
Desde el Ejecutivo argumentan que «los bienes del Estado deben estar al servicio de toda la comunidad». Enfatizan que cualquier funcionario público que infrinja estas disposiciones enfrentará consecuencias administrativas e incluso penales. Este enfoque tiene como objetivo preservar la neutralidad necesaria en los espacios públicos y evitar imposiciones ideológicas sobre la memoria colectiva.
Reacciones a la medida
Las reacciones ante esta medida han sido diversas. Expertos en derecho administrativo señalan que podría generar tensiones entre diferentes sectores políticos y sociales. Por otro lado, algunos educadores apoyan las modificaciones introducidas, considerando fundamental proteger a niños y adolescentes del adoctrinamiento político dentro del ámbito educativo.
Implicaciones del decreto
El contexto histórico revela una larga tradición en Argentina donde los nombres asignados a edificios suelen reflejar inclinaciones políticas específicas. Sin embargo, este nuevo decreto pretende romper con esa práctica para fomentar un espacio más inclusivo y neutral.
Las implicaciones son significativas: además de cambiar cómo se designan los espacios públicos, esta normativa puede influir en futuras decisiones sobre monumentos e instituciones educativas.
Reformas de Milei
Finalmente, es importante destacar que este decreto forma parte de un conjunto más amplio de reformas impulsadas por Milei. Estas reformas buscan redefinir las relaciones entre política pública y sociedad civil, así como resaltar su compromiso con principios democráticos fundamentales frente a prácticas consideradas divisivas o sectarias.
