Más de 110 trabajadores mineros han perdido la vida en el presente año, principalmente en actividades de minería ilegal o desregulada en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Esta información proviene de reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La cifra de muertes representa el mayor número registrado en los últimos 3 años.
Según el informe, las principales causas de fallecimiento incluyen explosiones de dinamita, asfixia por gases tóxicos, desplomes de estructuras y caídas desde grandes alturas. Estas tragedias se concentran en operaciones donde la seguridad laboral es prácticamente inexistente.
Potosí, el departamento más afectado
Potosí es el departamento más afectado, con un total de 107 decesos. Entre los casos más recientes se encuentra la muerte de un trabajador de la Cooperativa Minera 10 de Noviembre, quien falleció el 26 de noviembre debido a un derrumbe en el Cerro Rico.
Entre las víctimas fatales de este año se incluyen dos menores de edad y seis mujeres. Una de las mujeres, de 21 años, murió tras caer 60 metros en una mina operada por la Cooperativa Ollerías. Este mismo yacimiento fue escenario de otra tragedia en agosto, cuando un minero cayó en circunstancias que su familia calificó como sospechosas.
Comparación con el año anterior
La situación ha empeorado drásticamente en comparación con el año 2023, cuando se registraron 63 muertes en operaciones mineras hasta octubre. La mayoría de las víctimas eran hombres, incluidos niños y adolescentes.
Incidentes en La Paz y Oruro
En La Paz, dos trabajadores de la Cooperativa Minera Aurífera Tipuani Pampa R.L. murieron en junio tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Sorata. En agosto, una mujer de 57 años fue aplastada por un derrumbe mientras lavaba oro en Mapiri.
En Oruro, en julio, un derrumbe en la mina San José sepultó a dos mujeres «juku» (robo de mineral), de las cuales una falleció.
Preocupaciones sobre la minería ilegal
La minería ilegal y las cooperativas que operan sin cumplir con las normativas laborales y ambientales siguen siendo un foco de preocupación. A pesar de su peso económico, varios sectores sostienen que estas actividades vulneran derechos fundamentales y no contribuyen significativamente al desarrollo regional ni nacional.
