En los últimos 11 meses, las fuerzas policiales de Bolivia han confiscado 210 armas de fuego y más de 50,000 municiones. Este esfuerzo busca desmantelar redes relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, especialmente en la región del trópico de Cochabamba. En esta área, se han registrado actos violentos, como los bloqueos de caminos y la masacre de Pucamayu.
Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, las armas confiscadas estaban destinadas a facilitar actividades de narcotráfico, contrabando y actos violentos que han desestabilizado el orden público. Aguilera destacó que la internación ilegal de armamento tiene un objetivo claro: combatir y eliminar a las fuerzas de seguridad del Estado.
Rutas de tráfico de armas
Una de las “rutas comprometidas” en la internación ilegal de armas es la densa frontera entre Bolivia y Paraguay. El destino final de estas armas es el trópico de Cochabamba, específicamente en Villa Tunari, una zona considerada la mayor humedad de bosque tropical del mundo. Esta región es conocida como una zona roja del narcotráfico y es el bastión político, cocalero y sindical del expresidente Evo Morales.
Aguilera afirmó que “las armas de fuego son utilizadas como moneda de cambio en operaciones de drogas”. Informes de inteligencia policial han confirmado que las armas son empleadas para proteger cargamentos de droga, intimidar a comunidades y operar contra la fuerza pública.
Desafíos en el control de armas
Bolivia enfrenta grandes desafíos para controlar el ingreso y circulación de armas ilegales debido a sus extensas fronteras y regiones de difícil acceso. Las autoridades han subrayado la necesidad de cooperación internacional para combatir este problema. En los últimos 4 años, Bolivia ha destruido 3,838 fábricas de pasta base de cocaína y 298 laboratorios relacionados con el narcotráfico.
Intensificación de operativos
Villa Tunari es una zona con alta actividad relacionada con la producción de drogas en Bolivia. La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) ha intensificado su presencia en esta región para desmantelar fábricas clandestinas y laboratorios que procesan pasta base y cristalizan clorhidrato de cocaína para el tráfico internacional.
Desde el inicio del gobierno del Presidente Luis Arce, Bolivia ha mantenido un promedio anual significativo en erradicación de cultivos de coca: 9,458 hectáreas en 2021; 10,260 en 2022; y 10,302 en 2023. A noviembre de este año, se prevé alcanzar las 10,000 hectáreas erradicadas.
Consecuencias de la violencia
A noviembre también se reporta que 18 militares han muerto en enfrentamientos contra contrabandistas y al menos otros 50 han resultado heridos. El viceministro Amílcar Velásquez explicó que “estos contrabandistas no son personas comunes, son delincuentes que están dedicados a este accionar”.
El multimillonario negocio del contrabando ha convertido a cualquier zona fronteriza en un lugar altamente riesgoso para el personal estatal. Las agresiones contra integrantes del Comando Estratégico Operativo de Lucha Contra el Contrabando (CEO) son frecuentes. En abril, contrabandistas se enfrentaron con armas en un puesto oficial chileno.
Refuerzo en controles fronterizos
El Gobierno boliviano ha reforzado los controles fronterizos para evitar el contrabando hacia países vecinos. De enero a noviembre, se han llevado a cabo 50 operativos específicos en el trópico, logrando importantes decomisos. La aplicación de la Ley 400 ha sido otro paso importante ante los incidentes violentos durante los operativos policiales.
Aunque el tráfico ilegal representa una amenaza para la seguridad nacional, contribuyendo a la violencia e inestabilidad política, el Viceministerio asegura que lo está controlando. “En mérito a la gran cantidad de armas incautadas, se establecieron mejores mecanismos”, afirmaron las autoridades. La adhesión a tratados internacionales para combatir el tráfico también ha incidido en un mayor control sobre esta actividad ilegal.
