Los gobernadores de 8 departamentos del país han expresado su rechazo al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta decisión se tomó durante una reunión que se llevó a cabo en Santa Cruz. Los gobernadores argumentan que existen incumplimientos de acuerdos relacionados con las competencias regionales y una carga financiera que el Gobierno ha impuesto sobre ellos.
Entre los asistentes a esta reunión se encontraban Óscar Montes, gobernador de Tarija; Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca; y Humberto Sánchez, gobernador de Cochabamba. Estos líderes regionales denunciaron que, tras el reciente Censo Nacional de Población y Vivienda, las regiones no recibirán recursos adecuados.
Impacto del censo nacional
Óscar Montes cuestionó la situación al afirmar que las regiones no podrán recibir “ni un solo centavo” de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en marzo de este año. Esto se debe a la cantidad poblacional que reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Otro motivo que llevó a los gobernadores a rechazar el PGE 2025 es el presunto incumplimiento de un compromiso que el Gobierno asumió en el Consejo Nacional de Autonomías. Este compromiso consistía en excluir a las gobernaciones de la carga financiera que han soportado desde la época de las prefecturas.
Cuestionamientos al Gobierno
El gobernador de Tarija, cuestionó que, a pesar de estos acuerdos, el Gobierno nacional continúa imponiendo cargas financieras sobre las regiones. Esto se hace sin respeto por las autonomías, lo que genera un clima de descontento.
Según Montes, lo acordado con el Gobierno y el ministro de Economía era que se incorporara un artículo en el PGE 2025 que indicara que las gobernaciones deben priorizar sus recursos para cumplir con las competencias asignadas por la Ley 031 Marco de Autonomías.
Montes también insistió en que el Gobierno pretende hacer vigente el artículo número 10 de la Ley 3302 de 2004. Consideran que esto representa una situación abusiva del centralismo hacia las autonomías departamentales. La decisión de los gobernadores refleja un creciente descontento ante lo que perciben como un incumplimiento sistemático por parte del Gobierno respecto a los acuerdos establecidos en instancias anteriores.
Preocupaciones sobre el futuro
Los gobernadores también expresaron su preocupación sobre cómo estas decisiones impactan directamente en la capacidad operativa y financiera de las regiones. Esto afecta la implementación efectiva de proyectos locales y la provisión de servicios públicos esenciales.
