Por: ANP
El diputado Héctor Arce, que pertenece al partido hostil con los periodistas el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, agradeció a la prensa por ayudarlo a recuperar su libertad después de una detención en oficinas policiales, acción que califica de un “secuestro” supuestamente organizado por un ministro.
“¡Gracias a la prensa!”, repitió más de una vez durante una entrevista ofrecida al programa “La tarde en directo” de Radio Erbol y dirigido por el periodista José Luis Aliaga, en la tarde del miércoles 20 de noviembre.
Arce, un portavoz del expresidente Morales en el ámbito legislativo, denunció que dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas apoyados por un policía, lo condujeron hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de Cochabamba, en la mañana del 20 de noviembre.
La detención fue noticia ampliamente difundida por medios independientes y sus redes sociales, y pocos minutos después reporteros, fotógrafos y camarógrafos llegaron hasta la Felcc para conocer los motivos del arresto. Los seguidores de Arce, alertados por las noticias de la prensa, también llenaron las oficinas policiales para reclamar por la libertad del legislador.
Una supuesta denuncia por uso indebido de influencias perdió vigor tras la tarea de los periodistas que indagaron sobre las razones de la detención del legislador, y ninguna autoridad asumió responsabilidad por la detención de un representante nacional en oficinas policiales, por lo cual fue liberado.
El trabajo periodístico es blanco de permanentes ataques verbales de parte del expresidente Evo Morales que esta semana eligió a la prensa internacional para relatar, mediante un documental, un supuesto intento de asesinato.
Justificó la exclusión de la prensa boliviana al afirmar que los periodistas lo consideran “enemigo número uno”. La campaña de descrédito iniciada por el expresidente en septiembre de este año, atribuye a la prensa independiente un sesgo a favor del gobierno a cambio de la pauta publicitaria.
Durante su gobierno, entre 2006 y 2019, aplicó una política de persecución y castigo financiero a los diarios independientes con la exclusión de la publicidad estatal, y permanentes sanciones a través de entidades recaudadoras, e impuso por nueve años la publicación de avisos gratuitos en medios impresos, ocasionando millonarias pérdidas.
El artículo 151 de la Constitución boliviana señala que los congresistas gozarán de “inviolabilidad personal” durante el tiempo de su mandato y con posterioridad por el desempeño de sus funciones.