El concejal evista Gilberth Tapia Córdoba ha sido señalado por la Fiscalía por tener una vagoneta Suzuki Grand Vitara que no cuenta con documentación, la cual fue utilizada para apoyar los bloqueos en Mairana, situada a 135 kilómetros de Santa Cruz. La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, ha exigido que se lleve a cabo una investigación sobre el uso indebido de bienes estatales por parte de alcaldes y concejales durante las protestas que se extendieron por 24 días. Choque argumenta que estas acciones han perjudicado tanto al Estado como a la población.
Choque ha indicado que hay mucho que investigar y ha mencionado que se ha recibido información sobre alcaldías, como la de Sacaba, así como de municipios del Trópico, que han estado utilizando no solo vehículos, sino también personal para llevar a cabo los bloqueos. «Ellos han estado utilizando bienes estatales para bloquear y perjudicar a las poblaciones», afirmó Choque.
Uso indebido de recursos públicos
La diputada ha subrayado que es inaceptable utilizar bienes del Estado para dañar la economía de la población. «Alcaldes, alcaldesas, concejales, hombres y mujeres que se han prestado para dañar la economía de la población durante 24 días deben ser investigados y procesados», agregó.
Frentes de investigación
Una vez que la Fiscalía haya conformado la comisión, es fundamental entender que existen tres frentes de investigación: el Ministerio Público, la Contraloría y Transparencia. «Cuando se trata de un bien estatal, los alcaldes, concejales, diputados, senadores y todos quienes trabajamos en la función pública deben saber que cuando hay un daño al Estado, eso no prescribe», concluyó Choque.
Información sobre funcionarios
La diputada también ha destacado que algunos funcionarios creen que sus acciones no son conocidas; sin embargo, aseguró tener información e imágenes sobre el uso indebido de recursos públicos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de bienes del Estado.
