El presidente de la Comisión de Servicios y Defensa al Consumidor del Concejo Municipal de Oruro (CMO), concejal José Flores Copa, defendió la Ley de Clasificación de Establecimientos de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que fue recientemente aprobada en el ente Legislativo. Flores afirmó que quienes se oponen a esta norma están, de alguna manera, apoyando la impunidad de las «mafias» que operan detrás de los locales clandestinos.
Detalles de la normativa
Flores, quien es el autor de esta normativa considerada “controversial”, explicó algunos de los aspectos que se implementarán para combatir los locales clandestinos. Según el concejal, hay “mafias organizadas” que se esconden en estos lugares y que incluso están involucradas en el tráfico de personas. Aseguró que, gracias a la ley, se cerrarán todos los locales ilícitos y el Ministerio Público intervendrá en estos casos.
Además, se procesará al dueño de la propiedad y al responsable de la actividad económica clandestina. Aquellos locales que cuenten con un permiso, pero que estén infringiendo la norma, perderán su licencia de funcionamiento de manera definitiva.
Compromiso con la ley
“Es necesario poner un alto a esta situación. Estoy dispuesto a recibir críticas y opiniones, pero no retrocederemos. Quien esté en contra de esta norma está a favor de la impunidad. Los tiempos han cambiado y vamos a clausurar todos los karaokes, bares, cantinas y chicherías que operen de manera clandestina. Especialmente, perseguiremos hasta clausurar el último local clandestino en Oruro, donde se reporta la trata y tráfico de personas, así como el trabajo de menores de edad en estos lugares”, expresó Flores.
Artículos relevantes de la ley
De acuerdo con el artículo 11 de la ley, se establece que las personas que fomenten, promuevan o realicen la apertura de lugares de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas sin la licencia correspondiente serán denunciadas al Ministerio Público. Este artículo busca sancionar a quienes operen fuera de la legalidad.
El artículo 12 señala que los propietarios o poseedores de un inmueble deben denunciar y no permitir la apertura y funcionamiento de actividades clandestinas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Además, aquellos que tengan inmuebles donde se realicen estas actividades sin licencia enfrentarán multas de 3.000 UFVs en la primera ocasión y 10.000 UFVs en caso de reincidencia.
Críticas a la ley
El concejal Iván Quispe Gutiérrez, presidente de la Comisión de Género Generacional y Familia, fue el primero en observar la ley de clasificación. Ayer, denunció que el artículo 11 de esta norma es una copia de una ley que él había presentado anteriormente sobre la corresponsabilidad de los propietarios de inmuebles donde se desarrollen actividades clandestinas.
“Esta ley fue impugnada por el alcalde y no prosperó. Era una ley que beneficiaba a la población, pero el concejal (Flores) se la copió y la incluyó en su propuesta. Desde mi perspectiva, esto es un ‘caballo de Troya’ que lleva veneno en su interior. Lo único positivo de esta ley es que sancionará las actividades clandestinas, pero todo lo demás es perjudicial”, manifestó Quispe.
Defensa de la propuesta
En respuesta a las críticas, el concejal Flores defendió su postura, afirmando que no tiene motivos para copiar a nadie. “Quispe cambió de opinión. Primero se opuso a esta ley y, al darse cuenta de que esto contribuiría a reducir la inseguridad ciudadana, ahora dice que le copié. No tengo nada que copiarle a él, ya que no conoce nada sobre municipios”, concluyó.
