La Defensoría del Pueblo, representada por su coordinador Juan Ledezma, presentó el 5 de noviembre una acción judicial contra la Policía Boliviana. Esta acción tiene como objetivo exigir el cumplimiento de normativas que faciliten su labor como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La Defensoría ha enfrentado obstáculos en varias ocasiones, especialmente en el contexto de conflictividad que atraviesa el país.
Objetivo de la acción judicial
Ledezma aclaró que esta acción no tiene como fin la liberación de las personas aprehendidas durante el desbloqueo. En su papel como mecanismo nacional de prevención de la tortura, enfatizó: “En nuestra condición, aclaramos a la población boliviana que no tenemos una agenda política. Nuestra agenda se centra en los Derechos Humanos y nuestra función es proteger y garantizar el cumplimiento de esos derechos”.
Fundamentación legal
El recurso judicial presentado por la Defensoría se basa en la Ley 3298, que ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, la Defensoría subrayó que el derecho a la protesta está protegido, aunque esto no justifica la comisión de actos delictivos.
Un llamado a la paz
“Queremos hacer un llamado a ambos actores en conflicto y al Estado boliviano. Lo que buscamos es el fortalecimiento de nuestras instituciones, que se cumpla la ley y los procedimientos”, añadió Ledezma. La Defensoría expresó su preocupación por “la sistemática obstaculización del Estado al cumplimiento de su mandato constitucional”.
Obstáculos en el trabajo del MNP
Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría ha enfrentado obstáculos en su trabajo. El 27 de junio, un día después de la toma militar de la plaza Murillo en La Paz, sus funcionarios tuvieron que esperar al menos siete horas para poder cumplir con sus labores institucionales.
El 30 de junio, se presentó una situación similar, donde el MNP tuvo que esperar cuatro horas. Otro incidente ocurrió el 7 de julio, cuando se registró una espera de cinco horas en el caso de la detención de un activista ambiental. Además, en el actual contexto de conflictividad en el país, entre la noche del 1 y la jornada del 2 de noviembre, se impidió el ingreso del personal del MNP a celdas donde estaban aprehendidos varios bloqueadores «evistas» por más de 12 horas.
Recurso judicial presentado
Ante esta situación, el Mecanismo decidió presentar un recurso judicial para exigir el cumplimiento de las normativas. El juzgado décimo del departamento de La Paz recomendó a la instancia policial permitir el ingreso irrestricto del MNP a las instalaciones donde se encuentren personas detenidas.
