El presidente de Argentina, Javier Milei, emitió un decreto el viernes 25 de octubre para iniciar el proceso de venta de aproximadamente 1.200 bienes inmuebles del Estado. El valor estimado de estas propiedades es de 800 millones de dólares, y su Gobierno las considera innecesarias.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que impulse «los procedimientos de enajenación de los inmuebles». Sin embargo, el decreto excluye ciertas propiedades en Argentina y aquellas que están ubicadas fuera del territorio nacional.
Aunque la resolución incluye un anexo que detalla unas 300 propiedades a vender, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aclaró en una rueda de prensa que el total de inmuebles a enajenar asciende a 1.200.
Subastas y ventas
Adorni informó que se subastarán más de 400 inmuebles y que se pondrán a la venta otras 800 propiedades. El objetivo de estas acciones es reducir los gastos innecesarios del Estado. Se estima que el valor total de estos inmuebles es de 800 millones de dólares.
Entre los bienes que el Estado planea vender se encuentran propiedades en diferentes puntos del país, incluyendo casas, edificios y terrenos sin construcciones. Uno de los inmuebles destacados es la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que fue disuelto por Milei, y tiene un valor de 12,5 millones de dólares.
Inmuebles decomisados
Además de las 400 propiedades que se subastarán, también se contempla la venta de inmuebles que han sido decomisados en causas relacionadas con corrupción y narcotráfico. Las primeras subastas de edificios públicos están programadas para realizarse antes de que finalice este año.
Políticas de ajuste
Esta medida forma parte de las políticas de ajuste severo que el Gobierno de Javier Milei está implementando para reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. En el decreto, se argumenta que, para lograr una mayor eficiencia, «se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión».
Según el Gobierno, «mantener ociosos» los inmuebles que se consideran «innecesarios para la gestión» del Estado genera costos y gastos que deben evitarse. Por lo tanto, corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación.
Privatización de empresas estatales
Como parte de su política para reducir el peso del Estado, el Ejecutivo de Milei también está promoviendo la privatización de varias empresas que son estatales o están controladas por el Estado nacional.
