Organizaciones ecologistas e indígenas de Ecuador han presentado esta semana una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta acción se debe a la intención de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals de establecer un proyecto minero en la zona de Quimsacocha. Esta región de páramos andinos es considerada una reserva hidrológica y ha sido defendida durante años por estos colectivos.
Denuncia ante la Corte IDH
El excandidato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez informó en una rueda de prensa que esta semana se entregó la documentación requerida por la Corte IDH. Esta denuncia fue presentada en abril pasado en la sede de la Corte en Washington, EE. UU.
Entre los documentos entregados se encuentran los datos de las consultas populares que se realizaron desde 2011 en comunidades y municipios de la zona para prohibir la minería.
Consultas populares en la región
La primera consulta, de carácter comunitario y simbólico, se llevó a cabo en las comunidades Tarqui y Victoria del Portete. En 2019, se realizó una consulta vinculante en la que el 86,79% de los habitantes del municipio de Girón votaron en contra de las actividades mineras en los páramos o fuentes de agua de Quimsacocha.
En 2021, se efectuó otra consulta en la ciudad andina de Cuenca, también con fuerza legal. En esta ocasión, poco más del 80% de la población se pronunció a favor de la prohibición de la minería en cinco zonas de recarga hídrica del municipio.
Sentencias judiciales relevantes
Pérez también expuso las sentencias emitidas por un tribunal judicial y la Corte Provincial de Justicia de la provincia andina de Azuay, en el sur del país. Estas sentencias declararon la vulneración del derecho a una consulta previa, libre e informada en las poblaciones que están en riesgo por la actividad minera en la zona de Quimsacocha.
Además, se estableció que no se puede llevar a cabo la minería sin realizar previamente los estudios técnicos ambientales pertinentes.
Documentación presentada
Entre los diversos documentos presentados, se incluye un informe de auditoría especial realizado por la Contraloría en 2017. En este informe se recomendó, según relató Pérez, que se declare la caducidad de las concesiones mineras en la zona.
También se recogieron informes técnicos elaborados por la corporación geoambiental Terrae y el ingeniero minero James Kuipers. Asimismo, se presentó un informe de la empresa pública Etapa, que indicaba la inviabilidad del proyecto minero.
Se añadieron otras pruebas, como recortes de prensa y aproximadamente 5,000 firmas. Según indicó Pérez, la Corte IDH les ha informado que en unos 3 meses podrían recibir una respuesta sobre la admisión de su denuncia.
Apoyo académico y resistencia comunitaria
Pérez declaró que durante su viaje a Washington aprovecharon la invitación de universidades estadounidenses como Yale, Cornell, Pennsylvania y Harvard. En estas instituciones, pidieron a la academia que solicite a sus gobiernos el cese del extractivismo minero, petrolero y maderero, que está causando «desastres ambientales» no solo en Ecuador, sino en otros países de la región.
“Por más que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, la minera Dundee Precious Metals y los empresarios canadienses intenten destruir los páramos, las comunidades estaremos en resistencia. Esto lo hemos demostrado durante 30 años y ahora contamos con el acompañamiento y vigilancia de la academia y de los organismos internacionales”, aseveró Pérez.
