La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública. Esta iniciativa fue impulsada por la senadora Silvia Salame y tiene como objetivo principal fortalecer la transparencia en la administración estatal. Además, busca garantizar el derecho de los ciudadanos y periodistas a acceder a información pública. Ahora, la norma será revisada por la Cámara de Diputados para su sanción.
Trabajo de más de dos años
La senadora Salame explicó que el texto de la ley es el resultado de un trabajo que ha durado más de dos años y que ha surgido de la sociedad civil. Destacó que esta ley se convertirá en una garantía para que los periodistas puedan ejercer su profesión en mejores condiciones. También será fundamental para que los ciudadanos puedan cumplir con sus derechos.
Sanciones para funcionarios
Entre las disposiciones de la ley, se establecen sanciones para los funcionarios que no cumplan con la obligación de brindar información de carácter público a periodistas o ciudadanos. Además, se propone la creación de una comisión que actuará como segunda instancia para determinar si cierta información puede ser proporcionada por el Estado. La norma también establece las reglas para declarar los casos excepcionales.
Reacciones de la ANPB
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó su satisfacción por la aprobación de la norma en el Senado. Resaltó que esta ley será un instrumento jurídico de gran importancia, ya que institucionaliza uno de los derechos más relevantes de la democracia. Este derecho ha sido conculcado hasta ahora por la falta de una norma que lo haga obligatorio en todas las entidades del Estado.
Pronto en la Cámara de Diputados
Con la aprobación en el Senado, el proyecto de ley ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción. La ANPB espera que el tratamiento en esta cámara se realice con la misma rapidez y eficiencia con la que se trató en el Senado.
Acceso efectivo a la información
La ANPB ha destacado que esta legislación es crucial para asegurar un acceso efectivo a la información pública. Hasta ahora, este acceso ha estado limitado debido a la falta de normativas claras que regulen el derecho a la información.
