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Organizaciones sociales exigen justicia mientras se desarrolla el juicio por el presunto golpe de Estado

Organizaciones sociales exigen justicia frente al Juzgado Sexto por el caso Golpe de Estado I / APG

Un grupo de organizaciones sociales se reunió el jueves 17 de octubre frente al Juzgado Sexto de Sentencia. En este lugar se está llevando a cabo el juicio que involucra a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y otros implicados en el caso conocido como Golpe de Estado I.

Esteban Alavi, quien es el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), manifestó: “tiene que haber justicia y máxima sanción para los responsables de este hecho”. Además, destacó que las organizaciones sociales y las familias de las víctimas están realizando una vigilia, exigiendo justicia y pidiendo a las autoridades competentes que actúen con veracidad y rapidez.

Detalles del caso Golpe de Estado I

El caso Golpe de Estado I investiga los eventos y conflictos que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2019. Estos sucesos resultaron en la ruptura del orden constitucional y la salida anticipada del gobierno de ese momento. Se ha llevado a cabo una investigación sobre Áñez, Camacho, Pumari y otras 5 personas relacionadas con estos hechos.

Los tres  involucrados en caso Golpe de Estadao l, Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez, Marco Pumari / El Deber

Acusaciones y delitos

De los acusados, 3 se encuentran actualmente en el banquillo de los acusados y deberán responder por presuntos delitos que incluyen terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Presencia policial en el juicio

Ante esta situación, la Policía Boliviana ha desplegado un fuerte contingente policial e instalado cordones de seguridad. Se han cerrado las vías adyacentes a la calle Bolívar en el centro de La Paz. También han llegado grupos afines a los acusados al lugar.

Pena solicitada por la Fiscalía

La Fiscalía ha solicitado una pena máxima de 20 años de prisión por el delito mayor de terrorismo para los acusados. Este caso sigue generando gran interés y preocupación en la sociedad boliviana, que espera una resolución justa.

/SHA


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