La defensa de la expresidente Jeanine Áñez ha presentado un recurso de excepción de incompetencia durante la audiencia presencial del caso Golpe de Estado I. Este recurso tiene como objetivo evitar que su cliente sea juzgada en un tribunal ordinario.
Inicio de la audiencia
El jueves 17 de octubre, se dio inicio a la audiencia en el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz. En esta audiencia también estuvieron presentes el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari, quienes están siendo procesados junto a Áñez.
Argumentos de la defensa
Según la abogada Norka Cuéllar, el recurso busca que la exmandataria sea juzgada mediante un juicio de responsabilidades, en lugar de un proceso penal ordinario. Este argumento se apoya en lo que establece la Constitución y la Ley 044.
Cuéllar mencionó: «Vamos a solicitar que se trate previo a la iniciación del juicio ordinario», antes de que comenzara la audiencia.
El representante de las víctimas del caso Senkata, David Inca, explicó que si el tribunal acepta el recurso, todos los demás comandantes del ejército y la policía seguirán en un juicio penal ordinario. Esto se debe a que no tienen el estatus de presidentes.
Contexto del proceso
El proceso en cuestión investiga los hechos que ocurrieron entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019. Estos eventos abarcan desde la renuncia del expresidente Evo Morales hasta la asunción de Áñez a la presidencia. Sin embargo, no incluye los enfrentamientos en Senkata, Sacaba ni en otras regiones que fueron afectadas por la crisis política de ese periodo.
Delitos y juicios relacionados
Inca recordó que su caso está vinculado al delito de genocidio y no tiene conexión con los delitos de terrorismo que se están juzgando en este proceso. Según él, el resultado de este juicio no beneficiará ni perjudicará a las víctimas de Senkata, ya que ambos casos son distintos.
El representante de las víctimas de Senkata también señaló que Áñez no presentó un recurso de casación en el caso Golpe de Estado II. Esto implica que aceptó la sentencia de 10 años por un juicio ordinario, lo que significa que todos los demás juicios relacionados también deben ser ordinarios.
