La paralización de las elecciones judiciales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha suscitado críticas hacia el Órgano Judicial. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Vega, ha denunciado que los vocales de Beni y Pando están intentando obstaculizar nuevamente este proceso electoral.
La situación se complica aún más tras la declaración de desierto del proceso, que se debió a la falta de equidad de género y a la inclusión de candidatos que no cumplen con los requisitos. Esta problemática ha llevado a otros legisladores a solicitar auditorías para investigar posibles irregularidades en el proceso electoral.
Trabajo de la Comisión Mixta
Gustavo Vega ha afirmado que la Comisión Mixta ha trabajado de manera transparente en la revisión de los documentos de los postulantes al TSJ y TCP. Además, se ha elaborado un informe final que fue aprobado por más de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Vega ha declarado que «los vocales de Beni y Pando deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades por paralizar nuevamente el proceso judicial».
Solicitudes de auditoría
Por su parte, el diputado del MAS, Santos Mamani, ha solicitado una auditoría operativa para verificar los plazos, tiempos y procedimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También ha pedido una auditoría especial al proceso de las elecciones judiciales, con el fin de sancionar las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso judicial por parte de los diputados «arcistas».
Vulneración de derechos
Mamani ha señalado que, una vez más, el TSE ha vulnerado el artículo 179, que establece que la preselección debe cumplir con criterios de plurinacionalidad. Además, ha afirmado que «la Comisión Mixta de Constitución es cómplice de la corrupción que existe dentro del proceso», argumentando que la mayoría de los diputados son «arcistas».
Preocupación ciudadana
La crítica hacia el Órgano Judicial se intensifica en un contexto donde las elecciones judiciales son esenciales para garantizar la independencia y legitimidad del sistema judicial. Las acusaciones de corrupción y falta de transparencia generan preocupación entre los ciudadanos sobre la integridad del proceso electoral.
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