Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga se presentaron este lunes en el juzgado de La Paz para el inicio del juicio oral del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los acontecimientos de la crisis política que tuvo lugar en 2019. Mesa fue citado como testigo de la parte acusadora, mientras que Quiroga aprovechó la ocasión para criticar la persecución judicial que enfrenta la expresidenta Jeanine Añez y otros acusados, quienes todavía se encuentran recluidos en cárceles del país.
Mesa expresó que «esta situación es parte de las ironías absurdas y estúpidas de este proceso». Afirmó que este es un juicio político y que quien debería estar presente como acusado es Evo Morales, a quien considera el autor del «más gigantesco fraude electoral en democracia». Mesa también opinó que es inaceptable cuestionar el gobierno constitucional del periodo 2019-2020, que ahora se ve como víctima de una acusación.
Principales acusados del caso
En el caso Golpe de Estado I, los principales acusados son la expresidenta Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari. Estos acusados debieron ser trasladados desde las cárceles donde están recluidos para el inicio del juicio. Sin embargo, no fueron trasladados debido a un presunto riesgo, lo que llevó a la decisión de suspender el inicio del juicio hasta el 17 de octubre.
Críticas de Jorge Quiroga
Por su parte, «Tuto» Quiroga afirmó que los procesados están siendo “salvajemente perseguidos”. Reiteró que Añez debería ser juzgada en un juicio de responsabilidades debido a su condición de exmandataria, y no a través de la vía ordinaria como se está llevando a cabo actualmente.
Contraste en el juicio
Quiroga también hizo un llamado para que «Bolivia mire y se percate del contraste gigantesco que estamos viviendo». Mencionó que Evo Morales argumenta que debe ser juzgado en Villa Tunari por el caso de estupro porque reside allí. Sin embargo, Quiroga cuestionó: “¿dónde viven Pumari, Camacho y Añez?” y destacó que ellos residen en Potosí, Santa Cruz y Beni, pero para ellos no hay lo que Morales exige.
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