La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones al Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, para que procese una solicitud de alerta migratoria y abra una investigación contra el expresidente Evo Morales. Esta acción se toma en respuesta a denuncias de presunta corrupción durante su mandato.
La comunicación oficial, que lleva la firma del director de Gestión Fiscal y Supervisión, Roberto Ignacio Almendras Gamarra, se basa en una carta presentada el 9 de octubre de 2023 por los exparlamentarios Amílcar Barral y Yesenia Yarhui. En dicha carta, instan a la Fiscalía a investigar varios casos que, según ellos, permanecen sin justicia.
Detalles de la carta
“Remito a conocimiento de su autoridad dicha nota y sus antecedentes, a objeto de que, en el marco de sus atribuciones establecidas en el art. 34.3 de la Ley 260, la procese conforme corresponda”, indica la misiva, que fue compartida por Barral en sus redes sociales.
En la carta se mencionan varios casos que los exparlamentarios consideran esenciales para una auditoría. Uno de los casos destacados es el de Gabriela Zapata, quien fue novia de Morales, y la empresa china CAMC. Esta compañía supuestamente obtuvo contratos mediante tráfico de influencias, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado de 566.000.000 dólares.
Investigaciones sobre Fondioc
Además, los exparlamentarios hacen hincapié en el caso «Fondioc», donde se alega que hubo malversación de 182.000.000 dólares que estaban destinados a proyectos para comunidades indígenas vulnerables. También se menciona la compra de barcazas chinas, que se realizó con un sobreprecio de 30.000.000 dólares.
Los exparlamentarios también señalan presuntos sobrecostos en proyectos de infraestructura relacionados con la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), que alcanzarían los 40.000.000 dólares. Asimismo, mencionan un contrato de YPFB con Catler Uniservis por 86.000.000 dólares. También se incluye el caso de AIR Catering SRL, que involucra a Boliviana de Aviación (BoA) en un contrato de 3.000.000 dólares.
Daño económico al Estado
Según Barral y Yarhui, el total del daño económico al Estado podría llegar a 1.000.000.000 dólares. Esta cifra, argumentan, merece ser investigada a fondo por el Ministerio Público.
