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Gobierno aprueba decreto para frenar contrabando a la inversa de alimentos: Sanciones hasta de 14 años de prisión

Según el Gobierno el contrabando a la inversa afecta a los precios en el mercado de Bolivia / ABI Archivo
La nueva norma establecerá sanciones de hasta 14 años de cárcel para los infractores y busca estabilizar precios en la canasta familiar.

El gabinete ministerial aprobó el miércoles 9 de octubre un decreto supremo que regula la Ley 100, con la finalidad de controlar el contrabando a la inversa de alimentos. Según el Gobierno, esta medida busca combatir el aumento de precios de productos de la canasta familiar. Las personas que infrinjan esta norma pueden enfrentar una condena de hasta 14 años de prisión.

Objetivo del decreto

En una conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, explicó que la norma tiene como propósito asegurar el abastecimiento de alimentos en el país y estabilizar los precios mediante el control del tránsito ilegal de alimentos hacia la zona de seguridad fronteriza.

En este contexto, Huanca mencionó que se creará una lista de productos que estarán sujetos a control. Entre estos se encuentran arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo y ganado en pie.

Imagen de referencia / La Razón Archivo

Garantía de precios justos

“Con esta medida continuamos garantizando precios justos para las familias bolivianas”, afirmó Huanca. Además, aclaró que la norma no afectará el traslado de alimentos destinados al consumo doméstico ni a la exportación formal de productos, que seguirá regulada por la declaración de exportación (DEX).

Certificados de abastecimiento

El decreto también establece la emisión de certificados de abastecimiento para las zonas fronterizas y la creación de un registro de proveedores únicos que se encargarán de distribuir alimentos en estas regiones.

Asimismo, el ministro indicó que el Ministerio de Defensa se encargará de gestionar la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando para reforzar el control en los municipios fronterizos.

Normativa y sanciones

La Ley 100, que fue promulgada en 2011, establecía sanciones de entre 8 y 12 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito. Sin embargo, ahora las sanciones para quienes infrinjan la norma incluyen la privación de libertad de 10 a 14 años, el decomiso de mercancías y la confiscación de los instrumentos utilizados para cometer el delito, según lo indicado por el ministro.

Apoyo de las regiones

Huanca también aseguró que la medida fue socializada con las regiones afectadas, como Bermejo, Puerto Suárez, Yacuiba y Desaguadero. Estas regiones expresaron su apoyo a la aplicación del decreto, prestando especial atención a productos como arroz, carne y huevos, que estarán bajo control en la primera fase.

“Existen instancias encargadas de controlar este traslado de manera legal. Están involucradas Senasac, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Aduana Nacional, a través de sus instancias pertinentes, y también contribuirá el Viceministerio de Comercio Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”, añadió Huanca.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca / LA PATRIA

Detenciones por delitos

Anteriormente, el viceministro de Derechos del Usuario y Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que, hasta la fecha, al menos 60 personas habían sido detenidas por dedicarse a delitos de agio, especulación y contrabando. Sin embargo, protestó porque no se han iniciado procesos legales contra quienes incurren en estos delitos.

Según el Gobierno, una de las principales causas del aumento de precios en el país es que los productores y vendedores llevan la mercancía hacia los países vecinos.


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