La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Michele Campero, ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta acción tiene como objetivo frenar el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado.
Campero argumenta que la Ley 1579, que regula la selección y designación del nuevo Fiscal General, infringe la Constitución Política del Estado (CPE). Según ella, esta ley permite que magistrados en ejercicio se postulen como candidatos sin haber presentado su renuncia a la función pública con 90 días de antelación. Esto, según la diputada, va en contra del principio de igualdad de condiciones entre todos los postulantes.
Solicitud de medida cautelar
En su memorial, la diputada solicitó la admisión de esta demanda y la aplicación de una medida cautelar. Esta medida debería dejar en suspenso el proceso de preselección de candidatos para el cargo de Fiscal General.
Derecho a la participación
Campero también señala que la Ley 1579 vulnera el derecho a la participación en igualdad de condiciones. Esto se refiere a la elegibilidad para el cargo de Fiscal General, en comparación con quienes ocupan cargos públicos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), TCP y Consejo de la Magistratura.
Obligación de renuncia
La diputada explicó que el artículo 238 de la CPE establece que quienes deseen postularse a un cargo público deben presentar su renuncia a sus funciones al menos 3 meses antes del día de la elección. “La renuncia de las autoridades públicas con jurisdicción nacional se debe precisamente a que se coloquen en igual situación que sus pares”, enfatiza Campero.
Petición al TCP
En su solicitud, Campero pide al TCP que admita la AIA contra la Ley 1579, argumentando que es «violatoria» de los artículos 6 y 238 de la CPE. Además, demanda que se declare la inconstitucionalidad del texto. “Deben presentarse para tal efecto la documentación pertinente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se procese en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, añade.
Derogación de leyes
Finalmente, Campero solicita que se proceda a la derogación del artículo 25, parágrafo II, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta solicitud se basa en que dicho artículo es violatorio de los principios constitucionales mencionados anteriormente.
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