El 71% de los encuestados en una reciente encuesta realizada por la empresa Diagnosis S.R.L. considera que Evo Morales recibe una protección judicial ilegal. Esto ocurre en medio de investigaciones por trata y tráfico de personas, así como por estupro. Los datos fueron recolectados entre el 5 y el 6 de octubre en diversas zonas urbanas y rurales de Bolivia.
Además, el 11% de los encuestados a nivel nacional opinó que la anulación de la orden de captura se debe a errores cometidos por los fiscales de Tarija durante el proceso. Por otro lado, un 18% de los encuestados decidió no responder a esta pregunta.
Demandas de sanción a Morales
Un 64% de la población entrevistada exigió que Morales sea sancionado por el delito que supuestamente cometió y que cumpla una pena de cárcel. En contraste, el 14% consideró que se trata de una persecución política, mientras que el 22% optó por no responder.
Percepción sobre la Fiscalía
Sin embargo, el 62% de los encuestados cree que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, está protegiendo a Morales. Un 32% no respondió a esta pregunta, y solo el 5% consideró que la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue destituida por incurrir en negligencias.
Detalles de la encuesta
La encuesta se llevó a cabo entre personas de 18 a 65 años en zonas urbanas y rurales de los nueve departamentos de Bolivia, alcanzando a un total de 1,800 personas.
Investigaciones y destituciones
El pasado 2 de octubre, Gutiérrez informó que Morales estaba siendo investigado por estupro y trata de personas. Se emitió una orden de aprehensión que fue revocada por la juez Liliam Moreno, como resultado de una acción de libertad presentada en Santa Cruz por los abogados del expresidente. Según la Fiscalía, uno de los primeros indicios de irregularidad en este proceso fue que no se registraron las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre.
Gutiérrez defendió su actuación, asegurando que siempre se mantuvo dentro del marco normativo y los procedimientos establecidos. Sin embargo, Gutiérrez y otros dos fiscales que investigaban la denuncia fueron destituidos por presuntas negligencias en el proceso.
