Cuatro camiones que transportaban 1.400 quintales de arroz, con un valor aproximado de Bs 560.000, fueron incautados por militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando y policías. Esta acción se llevó a cabo en un operativo realizado en la Ruta Internacional 4, en San José de Chiquitos.
Detenciones en el operativo
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó el jueves 3 de octubre que varias personas involucradas en el contrabando han sido detenidas. Este esfuerzo busca proteger la economía nacional y asegurar el abastecimiento del producto en el mercado interno.
Por su parte, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, denunció que el operativo ha durado más de 16 horas. Este arroz estaba siendo contrabandeado por individuos que pretendían obtener ganancias extraordinarias. Según el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, cada quintal de arroz iba a ser vendido en Brasil por Bs 600.
Aumento de precios en el mercado
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, denunció que los ingenios arroceros han incrementado el precio del arroz en el mercado interno, superando los Bs 380.
“Hoy por hoy, el quintal de arroz debería costar entre Bs 200 y Bs 220 en el mercado, es decir, similar al precio del arroz que vende Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos)”, explicó Silva.
Comisaría de productos variados
Durante el operativo de control, también se confiscaron productos diversos, como zapatos, tenis, cuero de cerdo y madera. Estos artículos fueron entregados a la Aduana Nacional. El viceministro Velásquez enfatizó que este trabajo se realiza periódicamente para evitar la salida del producto nacional o el contrabando a la inversa.
Destino del arroz incautado
El arroz incautado será entregado a Emapa para su comercialización. Hay detenidos que han sido remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) bajo cargos de agio y especulación. El viceministro Silva afirmó que se iniciarán procesos penales contra cualquier persona natural o jurídica, sin distinción. Este esfuerzo se centra en proteger la economía y garantizar el abastecimiento de productos en el mercado.
