La diputada Deisy Choque ha hecho un anuncio importante al solicitar un informe al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Esta petición surge tras la destitución de tres fiscales que estaban llevando a cabo una investigación sobre el expresidente Evo Morales, quien está siendo investigado por delitos de trata y tráfico de personas, así como por estupro.
La noche del miércoles, se dio a conocer una orden de aprehensión contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas. Al enterarse de esta orden, el fiscal tomó la decisión de destituir a Sandra Gutiérrez, quien era la encargada del Ministerio Público en Tarija, junto a otros dos fiscales que no acataron la orden de no investigar el caso.
Preguntas al fiscal general
“En este caso se inicia una petición de informe escrito, donde tendremos que preguntarle al fiscal general: ¿se han cumplido los procedimientos para la destitución de estos 3 fiscales? ¿qué conoce del proceso? ¿cómo es posible que él diga que dejen de investigar este proceso? (…) Nosotros vamos a utilizar nuestros instrumentos parlamentarios para convertirnos en fiscalizadores”, expresó la legisladora Choque.
Ante esta situación, Choque también anunció que se constituirán como parte fiscalizadora frente a las denuncias realizadas por la exfiscal departamental de Tarija.
Detalles de la denuncia
Según Gutiérrez, la denuncia fue presentada el 26 de septiembre en contra de Evo Morales y los padres de la víctima del delito de trata y tráfico. Este hecho se registró en 2015 en Yacuiba, Tarija, y la víctima, que en ese momento era menor de edad, tenía 15 años. Se menciona que, como resultado de esta relación, nació un menor que actualmente tiene 8 años y que está registrado con Morales y la menor como sus padres.
Por esta razón, se formó un equipo de fiscales que, tras conocer las evidencias y los informes de Inteligencia, decidió ordenar la aprehensión del expresidente.
Orden de aprehensión
La orden de aprehensión fue firmada por la directora de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, así como por los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco. Sin embargo, antes de que se notificara la orden, se presentó una “acción de libertad” en la ciudad de Santa Cruz, pero solo en contra de Guerrero y Soruco, dejando fuera a Obando.
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