Recientemente, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió una resolución que solicita al Gobierno la presentación de informes trimestrales. Estos informes deben detallar los planes y acciones preventivas que se implementarán para evitar la repetición de incendios forestales de gran magnitud en el país. Esta decisión fue comunicada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a través de Erbol.
Acción popular en defensa
La medida surge a raíz de una acción popular presentada por Callisaya, quien busca defender los derechos de las comunidades indígenas y proteger la Madre Tierra. Estas comunidades han sido gravemente afectadas por los devastadores incendios forestales que han ocurrido en el país en los últimos años. “El Estado tiene que informar a la autoridad jurisdiccional trimestralmente acerca de los avances de las disposiciones emitidas por la autoridad”, afirmó Callisaya.
Comunicación al público
Además de los informes trimestrales, el Gobierno también deberá comunicar a la ciudadanía, al menos 2 veces al año, los progresos en la implementación de las medidas de prevención. Callisaya anunció que desde la Defensoría del Pueblo se llevará a cabo un control social sobre las acciones que el Estado tome en este ámbito.
Logro histórico
El Defensor del Pueblo calificó esta decisión judicial como un logro histórico que empodera al Estado para tomar acciones concretas en defensa del medioambiente y de la población. Sin embargo, Callisaya también destacó que, en su resolución, la Sala Constitucional Segunda concluyó que las autoridades gubernamentales no llevaron a cabo de manera oportuna las medidas necesarias para prevenir el desastre de los incendios forestales.
Falta de medidas adecuadas
“La autoridad jurisdiccional ha establecido que no se han adoptado todas las medidas requeridas para proteger nuestro medioambiente y prevenir estos incidentes”, concluyó Callisaya.
