Bolivia se encuentra en medio de una crisis ambiental alarmante, con un promedio anual de 4,000,000 de hectáreas quemadas en los últimos cinco años. Según informes de la Gobernación de Santa Cruz, en 2024 esta cifra ha alcanzado los 7,000,000 de hectáreas, aunque el último dato oficial del Gobierno se mantenía en 3,800,000 hectáreas.
A pesar de que no hay una cifra oficial del Gobierno Central en este momento, el lunes 30 de septiembre, el Presidente Luis Arce declaró «desastre nacional».
Investigación sobre el problema
Efraín Tinta, investigador y geógrafo de la Fundación Tierra, destacó que «son varios años ya» que Bolivia enfrenta este problema. Recordó que en 2019, el país registró 5,200,000 de hectáreas quemadas, principalmente en las regiones de Santa Cruz y Beni.
Tinta continuó mencionando que en 2020, 2021 y 2022, las superficies afectadas por incendios superaron los 4,000,000 de hectáreas. En 2023, se esperaba una mejora con una estimación de 3,300,000 de hectáreas afectadas; sin embargo, este año se han superado todas las cifras anteriores registradas tanto por el Estado como por entidades civiles como la Fundación Tierra.
Datos recientes sobre incendios
Días antes del reporte gubernamental, la Fundación Tierra había indicado que hasta el 26 de agosto la afectación alcanzaba poco más de 4,000,000 de hectáreas. Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz reportó que los incendios han devastado más de 7,000,000 de hectáreas en esa región.
Tinta advirtió que la declaración de «emergencia nacional» no fue suficiente y consideró que el Estado fue «un poco lento» para declarar el «desastre». Además, subrayó que a partir de la segunda quincena de septiembre, el país entra en la «época pico» de incendios forestales.
Causas del aumento de incendios
Según el investigador, uno de los factores que contribuyen al aumento de incendios es el cambio en el uso del suelo, impulsado por las políticas del Gobierno y los sectores agroindustriales que buscan expandir la frontera agrícola. También se menciona la invasión de «tierras fiscales no disponibles» por grupos sin títulos agrarios que han logrado autorizaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para llevar a cabo quemas controladas.
Además, Tinta enfatizó que el fuego «no es un chaqueo» ni una «quema» cuando ya no se puede controlar; se trata de un incendio forestal. Estas acciones están impactando negativamente en «territorios indígenas, áreas protegidas y reservas forestales».
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