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Argentina y El Salvador firman acuerdo para luchar contra el crimen organizado

El presidente argentino, Javier Milei (d) acompañado del presidente de El Salvador Nayib Bukele, saludan a seguidores en La Casa Rosada el 30 de septiembre de 2024, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los ministros de Seguridad de Argentina y El Salvador presentan principios que priorizan la protección de las víctimas frente al crimen organizado.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, han firmado una declaración conjunta que establece un compromiso y cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. Esta información fue divulgada este martes por fuentes oficiales.

El documento, titulado «la nueva doctrina contra el crimen organizado», contiene ocho principios y fue firmado durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Argentina. Bullrich celebró este acuerdo en su cuenta de X, describiéndolo como un «acuerdo histórico» que representa un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo.

La ministra afirmó que esta nueva doctrina es «revolucionaria» y se basa en varios principios fundamentales. Uno de ellos es que están «del lado de las víctimas, nunca de los victimarios», lo que implica que combaten a los criminales «con toda la fuerza del Estado».

Principios de la nueva doctrina

El primer principio establece que la «política criminal orientada al control territorial es el eje de soberanía». Este principio indica que el Estado no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado.

El segundo principio se centra en la «lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero». En este sentido, ambos países se comprometieron a coordinar acciones conjuntas, intercambiar información y establecer mecanismos estables de financiamiento para los sistemas de seguridad.

Los ministros también repudiaron cualquier política que defienda el derecho al acceso a las drogas ilegales, afirmando que creen en la obligación del Estado de reducir al mínimo la oferta ilegal.

Reformas y leyes necesarias

Defendieron que sus Estados necesitan leyes que aborden las mafias y organizaciones criminales, las cuales deben contemplar penas agravadas para sus integrantes. Además, solicitaron facultades ampliadas para las fuerzas policiales y de seguridad, así como para los ministerios públicos fiscales.

Se comprometieron a reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación en acciones contra el lavado de activos. También se acordó actuar bajo el principio de investigaciones paralelas de lavado para cada investigación relacionada con el crimen organizado. Esto incluye la rápida restitución a las víctimas de los elementos utilizados por el narcotráfico.

Dignificación del rol policial

El tercer principio se enfoca en «dignificar el rol policial». Esto implica un firme respaldo al personal policial y de seguridad pública, así como el apoyo a la implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos. También se promoverán programas de intercambio de oficiales y expertos entre ambos países.

En cuanto al «marco normativo», el cuarto principio sostiene la necesidad de presentar reformas a los Códigos Penales. Estas reformas incluirán nuevas figuras y penas más altas, como el régimen penal juvenil y modificaciones al régimen de reincidencia. También se busca ampliar las acciones de los institutos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber, evitando la revictimización de hechos delictivos.

Control en cárceles y burocracia

El quinto principio aborda el «control del Estado en las cárceles». Esto implica una clara identificación y clasificación de la población carcelaria, así como medidas de control específicas para la población carcelaria de alto riesgo. Se establecerán controles permanentes dentro de las cárceles y se buscará poner fin a las comunicaciones libres y sin control dentro de los penales.

El sexto principio propone el «fin de la burocracia a favor del delito», especialmente aquellas que defienden intereses sectarios. Los ministros reafirmaron su compromiso de homologar procedimientos en materia policial, legal y criminal, considerando que es fundamental hacerlo entre los países de América Latina.

Organismos internacionales

Finalmente, ambos funcionarios defendieron la necesidad de contar con «organismos internacionales desideologizados» y sin sesgos. Acusaron a algunos de estos organismos de atacar las estrategias de prevención institucional del delito, lo que, según ellos, resulta en el empoderamiento de las organizaciones criminales.

Esta declaración conjunta refleja un esfuerzo significativo por parte de Argentina y El Salvador para enfrentar de manera coordinada el desafío del crimen organizado en la región.


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