El exministro de Justicia, Iván Lima, ha anticipado que el caso de la masacre de Senkata se resolverá en instancias internacionales. En particular, mencionó que se llevará a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En una entrevista con Erbol, Lima destacó que si el caso se hubiera tratado mediante un juicio de responsabilidades, que requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), habría avanzado de manera considerable. Sin embargo, criticó que el proceso se trasladara a la justicia ordinaria debido al «capricho» de Evo Morales y sus seguidores, lo que ha provocado un retraso de 4 años antes del inicio del juicio.
Lima señaló: «El juicio de Sacaba sigue bloqueado por problemas procesales, resultado del deseo de Morales de que sea un juicio ordinario. Este asunto terminará en la Comisión Interamericana y, eventualmente, en la Corte Interamericana, donde se definirá la situación».
Responsabilidad de Evo Morales
El exministro también culpó a Morales como el principal responsable por haber llevado el caso a un juicio ordinario. Esto ocurrió a pesar de que había los 2/3 necesarios para que Jeanine Áñez fuera sometida a un juicio de responsabilidades. Además, enfatizó la necesidad de garantizar la presencia de Áñez y de otros exministros, así como de militares y policías, para asegurar un debido proceso que conduzca a una sentencia justa.
No obstante, el juicio se está llevando a cabo sin la presencia de exministros como Arturo Murillo y Fernando López, quienes son dos de los principales acusados en relación con la masacre.
Eventos de la masacre
Los trágicos eventos del 19 de noviembre de 2019 resultaron en decenas de fallecidos y más de 30 heridos tras un operativo policial-militar. Cuatro días antes, se había producido otra acción en Sacaba, Cochabamba.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó que durante la crisis política de 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias y torturas.
Cargos y pruebas acumuladas
Por estos hechos, Áñez y 17 exautoridades enfrentan cargos por genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, según los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano. La Fiscalía ha recopilado aproximadamente 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.
Además, se han realizado numerosas entrevistas a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, así como a víctimas del conflicto. La Fiscalía solicitará una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años para los acusados. Entre ellos se encuentran Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo y otros implicados en estos trágicos sucesos.
