El diputado de Creemos, Andrés Romero, denunció el lunes 16 de septiembre la invasión de una propiedad privada en Porongo, Santa Cruz. Según Romero, dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Danny Daniel Rojas y Patricio Mendoza Chumpe, supuestamente allanaron el lugar para llevar a cabo un acto ilícito.
Romero explicó que la propiedad en cuestión está debidamente inscrita en Derechos Reales, cuenta con su título ejecutorial y ha sido certificada como reserva natural. Además, mencionó que, según información de Derechos Reales y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el lugar había sido avasallado previamente.
Acto Ilícito Denunciado
El parlamentario afirmó que esta acción constituye un acto ilícito, lo cual está penado por las normas bolivianas. Para respaldar su denuncia, Romero mostró fotografías que evidencian la presencia de los vehículos de los diputados en el sitio invadido.
Preocupación Legal y Social
El abogado Alejandro Ortega, quien está llevando el caso, expresó su preocupación por la intervención de funcionarios públicos en este asunto. Ortega indicó que se han presentado ante la Comisión de Justicia para denunciar el hecho y solicitar una investigación que lleve a la sanción de los diputados involucrados.
El abogado también destacó que la sociedad civil en Santa Cruz está alarmada, ya que está siendo víctima de avasallamientos en la zona de Porongo. Según Ortega, se ha detectado que, utilizando documentación falsa, algunas personas logran inscribir propiedades en Derechos Reales.
Vínculos con Funcionarios Públicos
Ortega mencionó que, dentro de las investigaciones, se han encontrado actos ilegales relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas. También indicó que hay funcionarios de la alcaldía de Porongo implicados, quienes estarían protegiendo a los avasalladores en toda la zona del Urubó.
Contexto de Inseguridad
Esta denuncia se presenta en un contexto donde se han reportado múltiples casos similares en Santa Cruz. Los avasallamientos han generado una gran preocupación entre los propietarios legítimos, quienes han hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas más efectivas contra estos actos ilegales.
