La Procuraduría General del Estado (PGE) ha identificado 41 propiedades agrarias y ganaderas que están involucradas en actividades de chaqueo y quemas ilegales. Estas acciones se descontrolaron durante el año 2023 y han tenido un impacto severo en el medioambiente en Bolivia.
La información fue recopilada utilizando técnicas de georreferenciación y datos satelitales. Estas herramientas permitieron identificar las huellas que dejaron los incendios en las propiedades, todas ellas tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Investigación sobre incendios
El procurador César Siles, mediante el Dictamen Procuradurial 001/2024, ha ordenado el inicio de una investigación sobre estos incendios. En 2023, los fuegos devastaron los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni.
Los incendios causaron la destrucción de ecosistemas y fauna, además de afectar la salud de la población. Como resultado, se suspendieron las actividades educativas en más de 2,200 unidades escolares en varias regiones del país.
Extensión de daños
Los incendios arrasaron más de 3.8 millones de hectáreas de bosque y pastizales. Los departamentos más afectados fueron Santa Cruz, Beni, Pando y parte de La Paz.
Hasta noviembre de 2023, se reportó que 2.2 millones de hectáreas afectadas pertenecían a propiedades rurales dedicadas a la ganadería y agricultura. Actualmente, la situación ha superado las hectáreas quemadas en ese año, ya que el Gobierno ha informado que en poco más de 90 días los incendios han devastado 3.8 millones de hectáreas de bosque y pastizales.
Violación de la Constitución
El Dictamen Procuradurial establece que la quema descontrolada en estas propiedades infringe el mandato constitucional de realizar un uso sustentable de la tierra y cumplir con la Función Económica Social (FES).
De acuerdo con la Constitución y la Ley del INRA, el incumplimiento de esta función podría resultar en la reversión de tierras. Sin embargo, la aplicación de esta medida está actualmente en suspenso, tras un acuerdo entre los ganaderos de Santa Cruz y Beni con la Procuraduría, quienes han decidido revisar el proceso.
Acciones de las autoridades
Además, se ha informado que el procurador ha dictaminado que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) debe sancionar el uso indebido de suelos. Por su parte, el INRA evaluará el incumplimiento de la FES en las propiedades donde se originaron los incendios.
