Las Mujeres por la Democracia-Bolivia han expresado su rechazo a las supuestas intenciones del ministro de Justicia, Iván Lima, de nombrar a un nuevo Fiscal General del Estado a través de un Decreto Supremo. Este acto es considerado una violación de las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tal como lo establece la Constitución Política del Estado.
En su pronunciamiento, el grupo demandó al Ejecutivo que detenga su interferencia en el trabajo legislativo y garantizó un proceso transparente para la selección del nuevo fiscal. Las Mujeres por la Democracia-Bolivia enfatizaron que la preselección y designación de un nuevo Fiscal General es una responsabilidad exclusiva de la ALP.
Interferencia del Ejecutivo
Las intenciones del gobierno de nombrar a un nuevo Fiscal mediante un Decreto Supremo son vistas como una clara manifestación de las intenciones del gobierno. Además, el grupo señaló que el Ejecutivo busca denostar y menoscabar las atribuciones y responsabilidades de la ALP.
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido blanco de ataques por acciones ilegales e inconstitucionales que amenazan su independencia desde el Órgano Ejecutivo. Estas acciones tienen como objetivo paralizar sus facultades para dictar, interpretar, derogar, abrogar y modificar leyes en todo el país, así como limitar su capacidad para interpelar, controlar y fiscalizar.
Posibilidad de elección remota
Según el pronunciamiento de las Mujeres por la Democracia-Bolivia, el ministro Iván Lima ha calificado como “remota” la posibilidad de que la ALP elija y designe al nuevo Fiscal General. Esto representa una clara injerencia y un anuncio implícito de una nueva violación a la Constitución.
Las Mujeres por la Democracia-Bolivia exigen que el Órgano Ejecutivo deje de interferir en las labores del Órgano Legislativo. «Hoy más que nunca es crucial que el Legislativo cumpla con su mandato constitucional de elegir en los plazos establecidos a un nuevo Fiscal General del Estado», afirmaron.
Transparencia en el proceso
Instaron a los parlamentarios a coordinar esfuerzos para garantizar ante la ciudadanía un proceso de selección y designación completamente transparente. «El candidato idóneo debe poseer los más altos méritos profesionales, éticos y morales para asumir tan alta responsabilidad», señalaron.
La apreciación sesgada por parte del ministro Lima solo revela su intención de implantar en Bolivia una dictadura similar a la venezolana, según el grupo. «La Fiscalía General del Estado no se convertirá nuevamente en un apéndice del Ejecutivo, deshonrada por la corrupción, la negligencia y el sometimiento político».
Mandato exclusivo de la ALP
Por lo tanto, demandan al Ejecutivo, especialmente al ministro Lima, que no interfiera ni se entrometa mediante chicanas jurídicas e insidias promocionales en las atribuciones y tareas del Legislativo. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el mandato exclusivo para llevar a cabo esta designación, según lo estipulado en la Constitución Política del Estado.
Las acciones recientes han generado preocupación sobre el respeto a la independencia del Órgano Legislativo y su capacidad para cumplir con sus funciones fundamentales dentro del sistema democrático boliviano.
