Por: Juan Manuel Trak / Latinoamérica21
Uno de los principios cardinales en el estudio de la política es la distribución, el acceso, y la conservación del poder político. Estas dinámicas son cruciales, no solo para determinar quién gobierna, sino también para comprender cómo se ejerce y perpetúa el control dentro de un sistema político. El proceso político venezolano proporciona un ejemplo contemporáneo para examinar cómo se ha impuesto un modo autoritario de ejercer el poder. En este sentido, es fundamental reconocer que lo que realmente está en juego en Venezuela es el control democrático de los instrumentos constitucionalmente establecidos para el ejercicio del poder.
La política puede ser conceptualizada como el conjunto de interacciones mediante las cuales individuos y grupos buscan influir en la distribución del poder y en las decisiones que de este se derivan. En un sistema democrático, la política se fundamenta en la construcción de reglas consensuadas para el acceso y ejercicio del poder; los conflictos se resuelven a través de medios institucionalizados, donde las partes involucradas gozan de igualdad de derechos y se espera la cooperación mutua en pos del bien común.
Por el contrario, en un sistema autoritario, las reglas son manipuladas para favorecer a quienes detentan el poder, o en casos más extremos, son creadas de manera arbitraria según la conveniencia de los gobernantes para satisfacer exclusivamente sus propios fines. Como resultado, no existen mecanismos institucionales efectivos para la resolución de conflictos, los cuales se trasladan al plano de la contienda política no institucional.
En Venezuela, la democracia ha sido profundamente distorsionada por un proceso sistemático de cooptación y manipulación autoritaria de las instituciones que, de acuerdo con la Constitución, deberían ser independientes y estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y la posterior consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con Nicolás Maduro al frente, el país ha sido testigo de una estrategia deliberada dirigida a concentrar el poder en manos del Ejecutivo, lo que ha resultado en una erosión total de la independencia de los poderes públicos y en la obstrucción efectiva de la voluntad popular.
Las elecciones del 28 de julio de 2024 representan un punto de inflexión en este proceso. Históricamente, el gobierno venezolano ha empleado tácticas de ventajismo electoral, restricciones al espacio cívico, limitaciones al debate público, y represión selectiva de periodistas, dirigentes y activistas. Sin embargo, en esta ocasión, estas estrategias resultaron insuficientes para asegurar un resultado electoral favorable antes de la jornada de votación. Ante este escenario, el gobierno optó por recurrir al fraude electoral de manera abierta como último recurso para mantener el poder, una decisión que refleja una ruptura definitiva con cualquier pretensión de legitimidad democrática.
Este contexto ha provocado una transformación radical en la política venezolana, en la cual la violencia, tanto política como institucional, se ha convertido en la principal forma de interacción del gobierno hacia sus opositores, la sociedad civil y el pueblo en general. La dimensión cooperativa de la política, caracterizada por el diálogo y el compromiso, ha sido completamente desmantelada por un gobierno que se niega rotundamente a reconocer la derrota en las urnas y la demanda de cambio político de los venezolanos. En este sistema, la voluntad popular no solo es ignorada, sino que se percibe como una amenaza existencial para aquellos que detentan el poder.
Así las cosas, la política en Venezuela ha dejado de ser un medio para alcanzar el bien común y se ha transformado en una herramienta de dominación, donde la supervivencia del régimen depende exclusivamente de su capacidad para mantener el poder a toda costa, sin importar las consecuencias para la sociedad y la nación. Mientras tanto, para la sociedad venezolana será cada vez más difícil alzar su voz como resultado de la represión y muchos venezolanos optarán por la salida de un país que le niega las oportunidades de buscar su proyecto de vida en un entorno relativamente estable, pacífico y democrático. En medio de esta situación, la comunidad internacional democrática está presa de su propia incapacidad para impulsar un cambio democrático en el país.
