El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz ha dictado una sentencia de cuatro años de privación de libertad contra Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, por enriquecimiento ilícito.
La decisión se basa en movimientos bancarios sospechosos realizados por Lizárraga entre 2019 y 2020, que no concuerdan con su nivel de vida. El fiscal departamental William Alave informó sobre esta resolución el viernes 16 de agosto, indicando que la condena deberá ser cumplida en el penal de Obrajes, en la ciudad de La Paz.
Movimientos financieros sospechosos
Según informó Alave, Lizárraga registró 182 depósitos bancarios que suman un total de 247.072 bolivianos durante el periodo mencionado. Estos movimientos financieros fueron considerados sospechosos y no acordes con su situación económica declarada. La exministra ocupó el cargo durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
Defensa y acusaciones
Roxana Lizárraga se defendió alegando que es perseguida políticamente y está exiliada en otro país. Denunció que el proceso judicial en su contra fue diseñado para dañar su reputación y afirmó tener pruebas documentales para respaldar su inocencia. La exministra manifestó haber trabajado tanto en empresas privadas como en el sector público a lo largo de los años.
Controversia y debate
La sentencia impuesta a Lizárraga generó controversia y debate en la opinión pública boliviana, destacando las acusaciones mutuas entre la exministra y las autoridades judiciales respecto a la veracidad de los hechos presentados durante el juicio. La Fiscalía aguardará los argumentos completos del fallo para evaluar una posible apelación.
Próximos pasos
El fiscal Alave indicó que la parte resolutiva de la sentencia se dio a conocer el jueves 15 de agosto y la próxima semana se conocerá en su totalidad. La Fiscalía esperará conocer los argumentos del fallo para determinar si apela.
