El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha denunciado el uso «sin control» y con fines políticos de millones de dólares destinados a los municipios del país durante la administración anterior. Mulino ha pedido a la Fiscalía que tome medidas si más de 600 funcionarios municipales no entregan la información que justifique el uso de los fondos asignados en un plazo de 60 días.
Según Mulino, durante el periodo de 2021 a 2024, se destinaron 320 millones de dólares a un programa llamado «descentralización paralela», pero hasta ahora no se ha presentado ningún informe de gestión sobre el uso de estos fondos.
El presidente ha dado un plazo de 60 días a los 680 representantes de corregimiento o concejales que recibieron fondos de la «descentralización paralela» para presentar informes que expliquen y justifiquen el uso de los mismos ante la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Malversación de fondos públicos y falta de transparencia
Mulino ha denunciado la falta de información en la Presidencia y ha afirmado que las transferencias de fondos para la descentralización se realizaron sin control ni criterio, utilizando el dinero del pueblo panameño para fines políticos. Además, ha destacado que de los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no fueron reelegidos en las elecciones generales.
La directora nacional de Descentralización, Roxana Méndez, ha informado que se identificó la transferencia de 150 millones de dólares a Juntas Comunales entre los años 2022 y 2023 sin justificación clara ni propósito de los fondos desembolsados. Méndez ha comenzado a solicitar información a las Juntas Comunales para que justifiquen el uso de los fondos recibidos.
Intervención del Ministerio Público
Ante la falta de respuesta, Mulino ha afirmado que el fiscal general de la Nación debe intervenir con el Ministerio Público para garantizar que no se juegue más con los fondos públicos. El proceso de descentralización en Panamá comenzó en 2016, otorgando más autonomía a la gestión municipal y permitiendo la distribución de fondos estatales para financiar inversiones y programas de desarrollo social y económico.
