El Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha anunciado la baja definitiva de cinco altos jefes militares acusados de participar en los hechos ocurridos el pasado 26 de junio. Esta resolución, en la parte disciplinaria, ha determinado la separación definitiva del servicio activo de estos cinco militares, sin goce de haberes, grado, honores y uniforme, según informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
Los militares que han sido dados de baja son el general Juan José Zúñiga, quien comandaba el Ejército, el vicealmirante Juan Arnés Salvador de la Armada y el general Marcelo Zegarra Gutiérrez de la Fuerza Aérea. Estos tres excomandantes encabezaron la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio, ingresando al Palacio de Gobierno y manteniendo una conversación con el Presidente del Estado, Luis Arce. Durante esta conversación, Zúñiga y Arnez le dieron la espalda al mandatario, mientras que Zegarra se quedó a su lado.
Castigo a otros militares
Además de los mencionados militares, también recibieron el castigo los generales Juan Mario Paulsen, quien fue inspector general del Ejército, y Franz Ordoñez Menacho, jefe del Departamento Tercero de Operaciones del Ejército. Tras la determinación de la baja, los efectivos fueron remitidos a la Justicia ordinaria para que se lleve a cabo una instancia investigativa sobre el caso. El ministro de Defensa aclaró que el caso de la baja es una medida estrictamente militar.
Próximas determinaciones
El ministro de Defensa también anticipó que en las próximas horas se conocerá la determinación de la justicia militar respecto a mandos menores, oficiales y suboficiales que participaron en los sucesos del pasado 26 de junio. Mencionó que Zúñiga y los otros altos mandos implicados en el caso se sometieron al Tribunal Superior de las FFAA, mientras que existen otras instancias para los otros casos. No se precisó la cantidad de militares que están bajo investigación.
Detención preventiva de los militares dados de baja
Las exautoridades militares que fueron dados de baja actualmente se encuentran detenidos preventivamente en diversos centros penitenciarios del país, acusados de alzamiento armado y otros delitos penales.
