Según un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el año pasado se registró una sobrepoblación del 73% en las cárceles de Venezuela. A pesar de que la capacidad de reclusión es de 17.088 cupos, se contabilizaron 29.565 presos. Esta situación se debe al cierre de centros penitenciarios, lo que ha reducido la capacidad disponible.
El OVP señala que en el país existen 52 cárceles, pero solo 35 estuvieron operativas el año pasado. Además, el gobierno desalojó siete centros penitenciarios y realizó traslados de personas privadas de libertad sin tener en cuenta el hacinamiento existente. Esto ha contribuido al aumento de la sobrepoblación en las cárceles venezolanas.
Retardo procesal y situación jurídica en las cárceles
El informe del OVP destaca que el retardo procesal ha tenido un impacto negativo en la situación jurídica de las cárceles. Actualmente, hay 10.348 penados y 19.217 procesados en las cárceles venezolanas. La falta de una justicia oportuna ha generado un deterioro en el sistema penitenciario del país.
Disminución de la población carcelaria, pero sin mejoras en la política penitenciaria
El informe también menciona que en 2023 hubo una disminución del 11,9% en la población carcelaria en comparación con el año anterior. Sin embargo, esto no implica necesariamente una mejora en la política penitenciaria del país. Se destaca un uso excesivo de la prisión preventiva y la improvisación de áreas administrativas como cárceles paralelas en los calabozos policiales.
Falta de restauración y acondicionamiento de espacios desalojados
La ONG denuncia que no se ha considerado la restauración y el acondicionamiento de los espacios desalojados o cerrados en las cárceles venezolanas. Además, se realizan traslados a centros con un alto índice de hacinamiento, lo que empeora la situación de sobrepoblación en las cárceles.
Problemas en el sistema penitenciario venezolano
El OVP concluye que durante el año pasado se evidenció la falta de planificación y efectividad en las políticas y acciones del Ministerio de Servicio Penitenciario (MPPSP) y sus diversos departamentos. No se abordan los problemas específicos de la población reclusa y se toman medidas superficiales sin abordar los problemas fundamentales. Esto vulnera los derechos humanos de las personas privadas de libertad y va en contra de las leyes venezolanas y el derecho internacional.
Fuente: EFE
