El exministro Carlos Romero ha declarado que el Gobierno está impulsando la reelección del vocal Israel Campero como parte del Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, Romero considera que esta acción va en contra de la ética, teniendo en cuenta las actuaciones del administrador de justicia.
Según Romero, aunque no existe un impedimento legal para la reelección de Campero, sí existe un conflicto de intereses, ya que el vocal ha favorecido al Gobierno y a organizaciones afines en sus decisiones. Un ejemplo de esto es la suspensión de la facultad del Legislativo para interpelar a los ministros y la disposición de que el Órgano Electoral supervise el congreso «arcista» en El Alto. Aunque no hay un impedimento legal, Romero argumenta que sí hay un impedimento ético en este caso.
Relaciones clientelares y beneficios del Gobierno
El exministro también ha denunciado que el Gobierno mantiene relaciones clientelares con autoridades judiciales, beneficiándose de impunidad en denuncias de corrupción y sentencias inconstitucionales con carácter político. A cambio de estos beneficios, el Gobierno gestionaría este tipo de cargos, como la reelección de Campero en el Tribunal Administrativo de la OEA.
Solicitud de reelección
Campero fue elegido como parte del Tribunal Administrativo de la OEA en 2019, y su gestión finalizará a fines de 2024. Sin embargo, el exministro Romero ha revelado que el 3 de junio, la canciller Celinda Sosa solicitó formalmente al organismo la reelección del juez en su cargo.
