El Ministerio Público ha imputado a dos exfuncionarios de la Secretaría Municipal de Salud Integral y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) en relación a presuntas irregularidades en la adquisición de un tomógrafo para el Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora.
En el proceso de licitación, varias empresas presentaron ofertas por un valor de 6 millones de bolivianos para la adquisición de un tomógrafo de 64 cortes, tal como había sido solicitado por el Centro María Auxiliadora. Sin embargo, las licitaciones fueron declaradas desiertas en dos ocasiones debido a observaciones internas sobre el proceso de adquisición.
En el tercer proceso, se solicitó un tomógrafo de 32 cortes, el cual fue adjudicado por un costo de 5.999.999 bolivianos, es decir, un boliviano menos que el monto inicialmente ofrecido por otras empresas para el tomógrafo de 64 cortes.
Investigaciones en curso y posibles imputaciones adicionales
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, ha informado que se han imputado a dos personas: el exjefe de Contrataciones y el exsecretario Municipal de Salud. Sin embargo, las investigaciones continúan y no se descarta la posibilidad de imputar a otras personas que también podrían haber participado en la adquisición del equipo tomográfico.
El Ministerio Público está analizando los diferentes aspectos del caso, incluyendo el momento en que el tomógrafo ingresó al país. La empresa proveedora había ofrecido un plazo de entrega de diez días, pero normalmente el tiempo de entrega de un equipo de este tipo es de al menos 120 días. Por lo tanto, se está verificando cuándo ingresó al país y con qué propósito.
Impacto en la economía y la población de Oruro
Las presuntas irregularidades en la adquisición del tomógrafo podrían haber causado un grave daño a la economía de la Alcaldía y a toda la población de Oruro. El Ministerio Público está comprometido en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El fiscal departamental, Aldo Morales, ha destacado que las personas imputadas habrían estado involucradas en todas las etapas de contratación, pero no se descarta la posibilidad de ampliar las imputaciones a medida que avancen las investigaciones.
