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Amplían nuevos tipos penales contra militares y civiles involucrados en presunto golpe

Edificio de la Procuraduría General del Estado / ABI
La Procuraduría General amplía investigación por supuestos delitos en plaza Murillo.

La Procuraduría General del Estado ha informado que se ha ampliado la investigación sobre los supuestos delitos cometidos durante el movimiento irregular del 26 de junio en la plaza Murillo. Esta ampliación incluye nuevos tipos penales contra militares y civiles involucrados en los hechos.

El proceso se encuentra radicado en el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Según el comunicado emitido, la investigación se ha iniciado y ampliado por los delitos de «Alzamientos Armados Contra la Seguridad y Soberanía del Estado», «Terrorismo», «Atentados contra la Seguridad del Presidente y Otros Dignatarios de Estado», «Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional» y «Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos». Estos delitos están tipificados en los Artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y en el Artículo 26 de la Ley N° 004.

Comunicado de la Procuraduría General del Estado / PGE

Imputaciones y medidas cautelares

El Ministerio Público ha emitido imputaciones formales en el marco de esta investigación, lo que ha llevado a la imposición de medidas cautelares personales contra un total de 24 individuos. Entre los investigados se encuentran Juan José Zúñiga, Miguel Iriarte, Raúl Barbery, Alan Quenta, Alejandro Irahola, Juan Arnez, Juan Paulsen, Aníbal Aguilar, Julio Buitrago, Miguel Iriarte, Luis Balanza, Valdir Mamani, Leonel Sanjinez, Marco Caviedes, Roberto Arandoña, Raúl Barbery, Marcelo Gutiérrez, Franz Ordoñez, Juan Carlos Delgadillo, Roman Caway, Miguel Angel Burgos, Demetrio Mamani, Marcel Zegarra, Vladimir Lupa, Vladimir Céspedes y Jaime Cruz Vera. Estas acciones legales se enmarcan en una ampliación de los delitos inicialmente relacionados con terrorismo y alzamientos armados.

«Caso golpe de Estado III»

La Procuraduría ha denominado este caso como «caso golpe de Estado III», destacando su compromiso con la defensa del gobierno legalmente constituido.


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