La reciente Resolución de Directorio N°084/2024 emitida por el Banco Central de Bolivia (BCB) ha generado controversia y preocupación entre los expertos económicos del país. Esta medida permite el uso de criptomonedas en Bolivia, pero ha despertado inquietudes debido a la falta de un marco regulatorio específico para estas transacciones.
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, expresa su alarma ante la ausencia de regulación en este ámbito. Destaca que esta falta de control puede dar lugar a riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Además, Romero señala que la falta de conocimiento sobre las criptomonedas entre la población boliviana podría resultar en fraudes masivos, ya que muchas personas podrían perder dinero al invertir en algo intangible.
El presidente del BCB, Edwin Rojas, defiende la resolución emitida y asegura que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) implementarán mecanismos para el uso de criptomonedas en el país y el correspondiente control de las operaciones.
Medidas para proteger a los consumidores
La directora de la ASFI, Ivette Espinoza, anuncia que la entidad supervisará a las entidades financieras en relación con los medios que proporcionen para la adquisición de activos virtuales. Además, la ASFI se compromete a brindar educación financiera a la población para fomentar un uso responsable de las criptomonedas.
Por su parte, la UIF implementará medidas preventivas para identificar operaciones sospechosas relacionadas con la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
La importancia de una regulación adecuada
En vista de la falta de regulación específica en Bolivia, Fernando Romero sugiere que el país podría aprender de experiencias de naciones como Argentina, Brasil y México, que ya cuentan con regulaciones establecidas para las criptomonedas.
En este contexto, la diputada Mariela Baldivieso de Comunidad Ciudadana (CC) ha propuesto un proyecto de ley para regular el uso de criptoactivos y tecnologías financieras. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio que promueva la innovación tecnológica y la inclusión financiera, al tiempo que protege a los consumidores y crea un entorno seguro y transparente para las inversiones en criptomonedas.
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