En Bolivia, se ha registrado un alarmante incremento en los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Aunque en general ha habido una disminución en los embarazos adolescentes en los últimos tres años, se ha observado un aumento en la incidencia de embarazos a edades más tempranas.
Expertos como Aldo Espinoza de Save the Children y Alejandra Franco de la Coordinadora de la Mujer han expresado su preocupación por las consecuencias de las agresiones sexuales y los matrimonios infantiles forzados en este grupo vulnerable.
En los últimos tres años, se ha evidenciado una disminución en el número de casos de embarazo adolescente. En 2021 se registraron 39,747 embarazos en menores de entre 10 y 19 años; en 2022 fueron 35,470, y en 2023, 32,699. Sin embargo, se ha observado un aumento en los embarazos a edades más tempranas, es decir, de 10 a 14 años. En 2021, este grupo representó el 6.05% de los embarazos, en 2022 fue el 6.02%, y en 2023 aumentó a 6.57%, según datos del Ministerio de Salud.
Informe de la Defensoría del Pueblo revela cifras alarmantes
Según el informe «Sueños interrumpidos» de la Defensoría del Pueblo, desde 2015 hasta septiembre de 2023 se registraron 458,246 embarazos en adolescentes, de los cuales el 6.20% (28,408) corresponden a niñas de 10 a 14 años.
Estas cifras superiores al 6% son preocupantes, ya que en la mayoría de los casos se trata de consecuencias de agresiones sexuales, según señalaron el coordinador Espinoza y la especialista Franco.
Obstáculos para el acceso a derechos sexuales de los adolescentes
Espinoza alertó sobre la tendencia de muchos de estos casos a derivar en matrimonios infantiles a una edad muy temprana. Por su parte, Franco enfatizó que aún existen obstáculos para el acceso y ejercicio de los derechos sexuales de los adolescentes, y destacó que muchos de los embarazos tempranos son el resultado de violencia sexual que no se visibiliza.
Además, se ha observado que cuando las adolescentes acuden a los centros de salud, no siempre se les informa sobre su derecho a la interrupción legal del embarazo en caso de violencia sexual, y son forzadas a llevar a término la gestación.
«Existe un subregistro de niñas que no denuncian las agresiones sexuales y que no acceden a la interrupción legal del embarazo, siendo obligadas a llevar a término embarazos no deseados, cuando ninguna niña debería convertirse en madre», afirmó Franco.
Alta incidencia en municipios del oriente del país
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la alta incidencia de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años en municipios del oriente del país. Por ejemplo, el municipio de Riberalta ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 79 casos, después de Santa Cruz (428) y Trinidad (144). Asimismo, en San Javier (Beni), los embarazos en niñas de 10 a 14 años representan el 40% del total de embarazos a nivel municipal.
Una situación similar se presenta en el trópico cochabambino, donde se registran 81 casos, cifra que supera en un 47% a la ciudad capital que registra 43 casos. En Villa Tunari se registran 29 casos; en Puerto Villarroel, 18; en Chimoré, 12; en Entre Ríos, 12, y en Shinahota, 10.
Necesidad de trabajar en la educación sexual integral
Franco insistió en que la violencia sexual contra niñas no recibe el mismo rechazo que el aborto. Según su opinión, es necesario trabajar más en estos municipios, ya que no se cuenta con la información necesaria. Tanto Espinoza como Franco coincidieron en la importancia de incidir en la educación sexual integral en las unidades educativas, con la participación comprometida del Ministerio de Educación.
Además, según una investigación del Servicio de Registro Cívico (Serecí), se constató la existencia de 487 matrimonios registrados entre niñas menores y adolescentes. El informe defensorial recomendó que los Gobiernos autónomos municipales con un índice superior al 16.5% de embarazos en niñas y adolescentes destinen presupuestos para la disminución de estos índices, en cumplimiento de la ley del Código Niña, Niño y Adolescente.
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