En lo que va del año 2024, Cochabamba ha experimentado un alarmante incremento en los casos de feminicidio, situándose en el primer lugar a nivel nacional en esta estadística. La coordinadora de Voces Libres, Mercedes Cortez, ha identificado cinco razones que explican este recrudecimiento de los crímenes contra las mujeres.
Según Cortez, la emisión de «discursos de odio» por parte de altas autoridades de Estado en relación a la Ley 348 y su modificación ha tenido un impacto significativo. En tan solo dos meses, se han registrado 24 casos de feminicidio, aunque no existe un respaldo en forma de estudio que respalde la afirmación de que estos discursos hayan legitimado la violencia.
Trágicas cifras en Cochabamba
En un lapso de tan solo 16 días, cuatro mujeres jóvenes y madres menores de 32 años han sido asesinadas en Cochabamba por sus esposos, parejas o exparejas. Estos crímenes han dejado a 12 niños, niñas y adolescentes huérfanos, víctimas de los feminicidas.
Razones detrás del recrudecimiento de la violencia
La Fundación Voces Libres, encargada de monitorear estos crímenes y brindar asistencia legal y apoyo psicológico a las víctimas, busca comprender por qué la violencia contra las mujeres ha aumentado en esta región. Desde la perspectiva de Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la organización, existen cinco motivos principales.
Normalización de la violencia en todos los ámbitos
Cortez destaca la existencia de una «normalización» de la violencia en diferentes contextos, como las calles, los mercados, las escuelas, las universidades, el trabajo, los espacios culturales y deportivos, así como en los medios de comunicación y las redes sociales. Esta normalización se extiende incluso a las familias, donde los parientes del agresor a veces justifican sus acciones culpando a las víctimas y presionándolas para que den una «segunda oportunidad», que en muchos casos se convierte en la última oportunidad de sus vidas.
Falta de políticas de educación y concienciación
Otro motivo identificado por Cortez es la falta de políticas integrales que concienticen y eduquen a la población boliviana de todas las edades. La ausencia de programas de educación para padres, terapia de parejas y una educación que enseñe a las mujeres a reconocer las señales de alerta para denunciar a tiempo contribuye a que solo se tomen medidas cuando la violencia ya es extrema y el feminicidio es inminente.
Impunidad y sanciones irrisorias
La impunidad también es un factor determinante. El 70% de la carga procesal penal corresponde a delitos de violencia contemplados en la Ley 348. Sin embargo, el 99,3% de los casos de violencia intrafamiliar no llega a una sentencia y, en los pocos casos en los que se obtiene una, las sanciones suelen ser alternativas, como multas o trabajos comunitarios insignificantes. Estas sanciones irrisorias legitiman la violencia y reflejan una tolerancia tanto por parte del sistema judicial como de la sociedad en general.
Dependencia económica y falta de oportunidades
La dependencia económica de las mujeres respecto a sus agresores es otro motivo alarmante. Muchas mujeres no tienen la oportunidad de estudiar ni adquirir habilidades laborales, lo que las deja atrapadas en situaciones de violencia. La falta de recursos económicos y la falta de opciones laborales hacen que separarse de sus agresores sea un desafío, ya que no tienen los medios para pagar un alquiler o cuidar de sus hijos mientras buscan una nueva vida.
La necesidad de políticas efectivas y aplicación de la Ley 348
La falta de una aplicación efectiva de la Ley 348 también contribuye al problema. A pesar de ser una ley diseñada para combatir la violencia de género, su implementación ha sido deficiente. La falta de una estrategia económica y una política integral ha limitado su efectividad y ha dejado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con las cifras actualizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), La Paz y Cochabamba encabezan la lista de departamentos con mayor número de feminicidios en 2024, con 10 casos cada uno hasta el 20 de junio. Además, se reportan 3 casos en Santa Cruz, 4 en Tarija, 3 en Potosí, 3 en Oruro, 2 en Sucre y 2 en Beni.
El último caso conocido ocurrió en la comunidad de Sorata, municipio de Sipe Sipe, donde José R. V. confesó haber estrangulado a su concubina durante una discusión, dejando a tres menores en la orfandad.
/ APC
