El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha solicitado a la Cámara de Senadores que se difiera el tratamiento del Proyecto de Ley 036/2023-2024, el cual contiene 19 contratos mineros en diferentes zonas del departamento de La Paz. La petición se basa en la necesidad de esperar la resolución de una medida cautelar ambiental por parte del Juzgado Agroambiental de La Paz, con el fin de conocer el impacto ambiental de dichos contratos.
Callisaya ha destacado la importancia del acceso a la información ambiental y ha recordado que el Estado boliviano es parte del Acuerdo de Escazú. En este sentido, se han presentado solicitudes de información a las distintas instancias del Estado para conocer el impacto ambiental de los 19 contratos mineros ubicados en diferentes zonas del departamento de La Paz.
Garantizando el derecho a participar en decisiones ambientales
La solicitud de la medida cautelar tiene como objetivo garantizar el derecho de la población boliviana a participar en decisiones ambientales. Se espera transparencia por parte de la Cámara de Senadores y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en cuanto a los estudios de impacto ambiental y posibles consensos con las comunidades afectadas.
Protección del medioambiente y los derechos de la Madre Tierra
Callisaya ha reafirmado la obligación estatal de proteger el medioambiente y los derechos de la Madre Tierra. Durante su agenda enfocada en poblaciones vulnerables en los departamentos amazónicos de Pando y Beni, ha visitado centros penitenciarios, comunidades con discapacidad y defensores estudiantiles.
El pronunciamiento del Juez Agroambiental de La Paz sobre la medida cautelar solicitada será crucial para salvaguardar los intereses ambientales y comunitarios involucrados en los contratos mineros en cuestión.
