En un acto público en La Paz, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, lanzó críticas hacia los operadores de justicia al presentar el plan «Seguridad ciudadana – Servicio policial 3.0».
Cuestionó la labor de los jueces y fiscales que no estarían cumpliendo su tarea de investigar, procesar y sancionar a los delincuentes. Señalando que el 80% de los aprehendidos por la Policía durante la gestión pasada terminaron siendo liberados.
Preocupante situación en el sistema judicial boliviano
Durante la gestión 2023, un total de 2.931 personas fueron detenidas preventivamente por delitos contra la propiedad, como hurto, robo agravado, abigeato y robo de minerales. Sin embargo, ese mismo año se liberaron 2.400 personas, lo que refleja una preocupante situación en cuanto a la efectividad del sistema judicial en el país.
Descontento y propuestas del ministro
Castillo expresó su descontento al afirmar: «Agarran a los ladrones, pasean durante 4 o 5 horas y nuevamente están en las calles». Además, enfatizó que están cansados de presentar criminales que terminan siendo liberados y pueden defenderse en libertad tras el cese de arresto.
«Si tenemos testigos, tenemos la orden de aprehensión por particulares o por la Policía Boliviana cuando encontremos a alguien robando, tengamos el apoyo de cámaras de seguridad, no necesitamos investigar más, tenemos todas las pruebas para irnos a un juicio y en menos de 48 horas estemos sentenciando a esas personas», apuntó la autoridad.
Proyecto de ley para cambiar la situación actual
Asimismo, anunció el envío de un proyecto de ley denominado «Lo ajeno no se toca» a la Asamblea Legislativa con la esperanza de cambiar la situación actual en el país.
Importancia de pruebas sólidas y medidas contundentes
Durante su intervención, el ministro también destacó la importancia de contar con pruebas sólidas para llevar a cabo juicios rápidos y eficaces contra los delincuentes. Asimismo, resaltó la necesidad de implementar medidas más contundentes para combatir la impunidad y garantizar la seguridad ciudadana en Bolivia.
