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Representantes de sectores amazónicos han denunciado la grave situación de devastación causada por la minería aurífera en el río Tequeje, ubicado en el territorio de la comunidad tacana Carmen Pecha de la provincia Abel Iturralde. Según informes de la Agencia de Noticias Ambientales, diversas organizaciones, entre ellas la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas Abel Iturralde y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), se han unido a esta denuncia.
Impacto ambiental y social de la minería en el río Tequeje
Desde el año 2006, la cooperativa minera 14 de Mayo ha estado operando en la población de Ixiamas con el objetivo de extraer oro del río Tequeje. Sin embargo, esta actividad ha provocado la sedimentación del cauce, la destrucción de la diversidad piscícola y la contaminación de aguas y suelos con mercurio. En los últimos diez años, se han establecido más cooperativas mineras en la zona, lo que ha afectado gravemente a la comunidad de Carmen Pecha, despojando a los comunarios de sus medios de vida y generando contaminación acústica con el ruido de las maquinarias utilizadas.
Implicaciones políticas en la expansión minera
Además, se ha denunciado que el actual alcalde de Ixiamas, Félix Layme, es accionista de la cooperativa 14 de Mayo. Esto explicaría por qué dicha autoridad promueve la expansión minera sobre áreas protegidas municipales, incluyendo el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado «Madidi» (Pnami).
Exigencias de las comunidades afectadas
Los comunarios afectados, quienes afirman que nunca fueron consultados sobre la presencia minera en la zona, han presentado dos demandas principales. En primer lugar, solicitan la paralización de las operaciones mineras en el río Tequeje y el territorio de la comunidad Carmen Pecha. En segundo lugar, piden que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anule la resolución AJAM/DJU/RES-ADM 16/2023 que autoriza dichas operaciones. Asimismo, solicitan la elaboración de una nueva normativa que cuente con la participación de las comunidades indígenas, para garantizar un acceso más efectivo a la justicia.
