El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido en el penal de Chonchocorro de La Paz, no fue trasladado hasta Santa Cruz para asistir al inicio de su juicio oral por el caso «decretazo». La audiencia, que debía desarrollarse este lunes 27 de mayo, fue postergada hasta el 16 de julio.
El Tribunal de Sentencia 8vo de Santa Cruz había dispuesto que Camacho asistiera de forma presencial a este juicio oral, pero Régimen Penitenciario se negó a cumplir la orden judicial argumentando falta de garantías. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, adelantó que no se autorizará el traslado hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad.
Tercera vez que se posterga la audiencia
Esta situación se repite por tercera vez. La primera audiencia estaba programada para el pasado 11 de marzo, posteriormente fue suspendida para abril y finalmente fue programada para este 27 de mayo. En todas las ocasiones, Régimen Penitenciario explicó que no fue notificado a tiempo para el traslado.
El Ministerio de Gobierno argumentó que no existen las condiciones para el traslado del gobernador cruceño debido a que generaría un riesgo de convulsión en Santa Cruz. Además, los privados de libertad de Palmasola emitieron una resolución en la que rechazan el traslado de Camacho.
El caso «decretazo» y las acusaciones contra Camacho
El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es investigado por la emisión del Decreto 373 en marzo de 2022, cuando se encontraba en Brasil. Este decreto alegó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
En octubre de 2023, la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Actualmente, el gobernador electo se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el denominado caso «Golpe de Estado I», proceso que investiga los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019.
