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Acción de cumplimiento contra Choquehuanca termina en sala de vocal cuestionado por decisión pasada sobre interpelaciones

El vicepresidente, David Choquehuanca / ANF
Senador del MAS denuncia sospechas y anuncia acciones.

La acción de cumplimiento presentada contra el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, ha sido asignada a la sala constitucional primera, a cargo del vocal Israel Campero. Sin embargo, esta decisión ha generado sospechas y el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), William Torres, ha anunciado que tomará medidas para que otro vocal se encargue del recurso.

El motivo de la acción de cumplimiento presentada contra Choquehuanca se debe a que no ha convocado al pleno de la Asamblea Legislativa para tratar los proyectos de ley 073 y 075. Estas normativas buscaban anular la prórroga de mandato de los magistrados.

Responsabilidad del vicepresidente

Según el senador Torres, el vicepresidente tenía la obligación de convocar al pleno 24 horas después de que la Cámara de Diputados tuviera los proyectos de ley en consideración. Sin embargo, han pasado cinco meses y Choquehuanca no ha mostrado intención de convocar al Parlamento. Ante esta situación, se ha presentado la acción de cumplimiento.

Controversia con el Parlamento

El senador Torres ha destacado que el vocal Israel Campero es responsable de que la Asamblea Legislativa no pueda fiscalizar a ministros. Por esta razón, considera que Campero no debería ser el encargado de resolver el recurso presentado contra Choquehuanca debido a su controversia con el Parlamento.

El senador William Torrez / LA PATRIA

Solicitud de excusa y auditoría

Ante la situación planteada, el senador Torres ha presentado una solicitud de excusa en contra de Campero. Se espera que, al menos, el vocal se aparte de tratar la acción de cumplimiento. Además, se solicitará una auditoría al sistema informático debido a sospechas de manipulación.

Acusaciones de subordinación al Gobierno

El senador Torres ha expresado su convicción de que Israel Campero es funcional al Gobierno y opera bajo las órdenes del ministro de Justicia, Iván Lima, así como del exministro Héctor Arce Zaconeta. Según Torres, existe una clara subordinación a los mandatos del Gobierno de Luis Arce.


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