Funcionarios de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) solicitan el levantamiento del resguardo policial en el ex Centro de Salud Santa Lucía, ubicado en la calle Junín entre avenida Tacna y Arica. Esta medida permitiría normalizar la atención a la población vulnerable que requiere de sus servicios.
El conflicto surge por el uso de los espacios del ex Centro de Salud Santa Lucía entre funcionarios del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación y la DIO de la Alcaldía. Ante esta situación, la Delegación Defensorial de Oruro convocó a una reunión a las máximas autoridades municipales y departamentales para buscar una solución.
Gobernación no asiste a reunión y DIO expone su preocupación
En la reunión convocada, solo participaron representantes del GAMO, ya que la Gobernación envió una carta de excusa debido a su agenda de actividades. Durante la reunión, los funcionarios de la DIO expresaron su preocupación por la acción policial, que impide que brinden atención a la población vulnerable.
Delegado Defensorial buscará reunión con autoridades
El delegado Defensorial de Oruro, Juan Arroyo, lamentó que los problemas legales estén afectando a las poblaciones vulnerables que necesitan los servicios de la DIO. Por lo tanto, buscará una reunión con el alcalde Adhemar Wilcarani y el gobernador Johnny Vedia para encontrar una solución a esta situación.
DIO hace un llamado a la reflexión a las autoridades
Boris Delgado, director de la DIO, lamentó la ausencia de los representantes de la Gobernación en la reunión con la institución defensorial. Hizo un llamado a la reflexión al Comando Departamental de la Policía y al gobernador para que permitan el acceso al ex Centro de Salud Santa Lucía y que las fuerzas del orden se retiren, permitiendo que los funcionarios puedan atender a la población necesitada.
Gobernación continuará por la vía legal
El gobernador informó que, tras una revisión legal, se constató que existen documentos que respaldan la propiedad de los terrenos en cuestión. Señaló que hay una sentencia ejecutoriada que ratifica esta situación. Por lo tanto, la Gobernación seguirá el proceso legal correspondiente para determinar quién tiene derecho sobre el establecimiento.
Ante la posibilidad de una nueva reunión convocada por la Delegación Defensorial de Oruro, el gobernador manifestó que asistirán si se garantiza que no se empleará la fuerza bruta y se busca una solución pacífica y en el ámbito correspondiente.
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