Tres activistas del ala «evista» fueron enviados a prisión preventiva después de ser detenidos cerca del congreso «arcista» en El Alto. Se les acusa de planear sabotaje y enfrentan cargos por organización criminal, instigación pública a delinquir y portación de explosivos.
Los imputados, identificados como Ronald R.C., Liz A.V. y Madelen V.V., fueron acusados de tener contacto con exautoridades del gobierno de Evo Morales. El varón fue enviado a la cárcel de San Pedro, mientras que las mujeres fueron encerradas en el penal de Obrajes, durante seis meses de investigación.
Defensa alega persecución política y falta de pruebas concretas
La defensa de los imputados denunció persecución política y argumentó la falta de pruebas concretas en su contra. El abogado defensor Vladimir Ochoa rechazó las acusaciones de terrorismo y vinculación con exautoridades, señalando que las capturas de pantalla presentadas como evidencia solo mostraban una autoconvocatoria para manifestarse contra disposiciones electorales.
El abogado Ochoa afirmó que el Gobierno carece de pruebas contundentes y que está utilizando la justicia para amedrentar a los militantes «evistas». Además, anunció que apelarán la decisión judicial y buscarán demostrar la inocencia de los imputados, considerando el caso como un claro ejemplo de persecución política.
